El fiscal de Delitos Económicos presentó un informe del organismo del Poder Ejecutivo encargado de realizar el seguimiento de las tobilleras electrónicas, destacando las reiteradas violaciones. Durante la audiencia, se discutió que Sanz había solicitado y obtenido una ampliación del rango de movimientos sin el aval de la fiscalía, lo que llevó al juez Lucas Yancarelli a decidir su regreso a prisión preventiva.

Sanz es uno de los principales imputados en la investigación, que busca desmantelar una asociación ilícita dedicada a la estafa con planes sociales. El 10 de julio de 2023 se le había impuesto una prisión preventiva, que fue modificada a prisión domiciliaria cuatro meses después, a pesar de la oposición fiscal.

La fiscalía argumentó que la conducta de Sanz representa un riesgo de entorpecimiento de la investigación y de no sometimiento al proceso, solicitando la inmediata conversión de su detención domiciliaria en prisión preventiva y una prórroga de seis meses a partir del 10 de noviembre.

Este giro en la causa resalta la importancia de cumplir estrictamente con las medidas cautelares y refuerza el compromiso de la justicia con la transparencia y la responsabilidad en la administración de planes sociales.