La ordenanza fue aprobada sin que exista un presupuesto vigente que la respalde, lo cual viola varios artículos de la Carta Orgánica, como el 162 inciso 5, que explícitamente prohíbe ejecutar gastos no autorizados por el presupuesto en vigencia. Un detalle no menor: tampoco se aprobó el Código Tarifario para 2025, aunque ya se proyecta un aumento del 60 por ciento en tasas y servicios para los vecinos. Es decir, mientras se aprueba un gasto faraónico puertas adentro, la ciudadanía deberá apretarse el cinturón una vez más.

La política del despilfarro

El argumento oficial para justificar esta movida raya en el absurdo: se alega un supuesto aumento poblacional y la necesidad de actualizar normativas “obsoletas”. Sin embargo, ni siquiera se elaboró un estudio técnico o un análisis de impacto económico. La ordenanza fue aprobada “simplemente levantando la mano”, prácticamente sin público presente, gracias a las sesiones matutinas del Concejo, diseñadas -según denuncian los vecinos- para evitar la participación ciudadana.

El desglosado de los gastos habla por sí solo:

• 24 millones para secretarios y asesores de bloque
• 21 millones para concejales
• 7 millones para administrativos

Todo esto, sin contar con los gastos operativos del Concejo. Es decir una cuenta de 52 millones de pesos por mes, en una localidad que, según su propia Carta Orgánica, no tiene ingresos suficientes ni propios para afrontar semejantes erogaciones.

El intendente Javier Murer, si bien no impulsó la medida, no tardó en pronunciarse. En un comunicado, manifestó su respeto por la autonomía del Concejo, pero alertó que la norma requiere un análisis técnico y legal urgente: “No puedo dejar de analizar el contexto general para establecer prioridades con recursos tan escasos”, advirtió.

Sin embargo, para los vecinos no alcanza con palabras. Piden acción concreta: el veto inmediato de la ordenanza, que califican como “inoportuna, polémica e incomprensible”. Y tienen argumentos de peso. Mientras el Ejecutivo intenta equilibrar las cuentas y mejorar la infraestructura urbana, el Concejo parece vivir en una burbuja, tomando decisiones de espaldas a la realidad.

La carta ciudadana no ahorra críticas: “El sector privado observa sin comprender cómo la administración pública funciona de manera ineficiente, con sobrepoblación de empleados que gozan de enormes beneficios, brindando servicios deficitarios”.

Una de las preguntas más repetidas en los comercios, en la calle y en las redes sociales es: ¿para qué necesitan tantos asesores? ¿Qué asesoramiento requiere un concejal en una localidad de poco más de 15.000 habitantes? La carta sugiere una alternativa mucho más lógica y austera: convocar a profesionales del municipio o de entidades como el Colegio de Arquitectos, la Cámara de Comercio o la Asociación de Hoteles, en caso de necesitar asesoramiento puntual.

“Si hay un tema puntual, ¿por qué no contratar un profesional de forma externa, por única vez, sin generar dependencia laboral permanente ni gasto mensual fijo?”, cuestionan con sensatez. Pero el sentido común, parece, no tiene asiento en el Concejo Deliberante de Villa La Angostura.

La pelota está ahora del lado del intendente Murer. ¿Vetará la ordenanza o será cómplice por omisión de un gasto que muchos ya consideran un verdadero escándalo? La respuesta, más allá de los tecnicismos legales, deberá estar a la altura del momento: uno en el que cada peso cuenta, y la paciencia social, claramente, se agota.