La fiscal encargada del caso ha calificado estos delitos como abuso sexual con acceso carnal, en un contexto agravado por el vínculo familiar, la guarda y la convivencia, sumando tres incidentes en concurso real y en calidad de autor.

En una audiencia celebrada recientemente en la Ciudad Judicial, la representante del Ministerio Público Fiscal detalló un episodio particularmente alarmante ocurrido el 25 de marzo, cuando el imputado se presentó en la vivienda de las víctimas portando un arma. Ante su llegada, la madre de la niña se refugió en el hogar, mientras que dos operadoras del Ministerio de Desarrollo Social, que se encontraban allí realizando una entrevista, quedaron expuestas.

Durante este ataque, el imputado apuntó con el arma a una de las funcionarias, amenazándola con que “la próxima vez, a ésta la van a encontrar tirada en la barda”, refiriéndose a la madre de la niña. Este acto violento también implicó la desobediencia de una orden judicial que le prohibía acercarse a la familia desde el 7 de marzo, lo que agrava aún más la situación legal del acusado.

La fiscalía ha solicitado que el caso avance a la etapa de juicio, con la intervención de un tribunal colegiado. La querella institucional, representando a la niña víctima, ha solicitado prorrogar las medidas cautelares vigentes que imponen restricciones al acusado. Estas medidas incluyen un impedimento de acercamiento a menos de 200 metros de las víctimas y la prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto.

Tras considerar la solicitud y la adhesión de la fiscalía, la jueza de garantías, Natalia Pelosso, ha controlado la acusación, finalizando la etapa de investigación y abriendo el caso a juicio, extendiendo las medidas de protección requeridas por un plazo adicional de ocho meses. Esta decisión busca salvaguardar la integridad física y emocional de las víctimas en medio de un contexto judicial que promete marcar un precedente en la lucha contra el abuso y la violencia doméstica.