La fiscalía de Delitos Económicos formuló cargos contra seis integrantes de la Cooperativa Viento Sur, quienes fueron señalados por desviar más de 1.300 millones de pesos en el año 2023. El dinero, que supuestamente debía ser utilizado para capacitaciones laborales y compra de herramientas, habría terminado en la adquisición de terrenos, vehículos y depósitos a plazo fijo. El origen de los fondos es un viejo conocido: el Ministerio de Desarrollo Social de la gestión Gutiérrez.

Pero la historia no termina en los cooperativistas. De forma inevitable, el escándalo arrastra consigo a varios exfuncionarios del gobierno de Gutiérrez, quienes habrían liberado los millonarios fondos sin ningún tipo de control ni seguimiento. Se trata de Germán Chapino (exministro de Desarrollo Social), Abel Di Luca, Ricardo Soiza y Tomás Siegenthaler, tres de los cuales también están imputados en otra causa judicial por una estafa con planes sociales.

Sí, leyó bien. Tres de los implicados ya están a punto de sentarse en el banquillo por haber liderado una banda que saqueó recursos destinados a la población más vulnerable, más conocida como la estada de los planes sociales. Ahora, los mismos nombres vuelven a emerger en un nuevo capítulo de lo que parece una serie sin final: la era de la corrupción silenciosa en tiempos de Gutiérrez.

Cursos, sueldos y propiedades

El programa bajo investigación había comenzado en agosto de 2022 con la Cooperativa Viento Sur Limitada. La iniciativa, en apariencia noble, buscaba capacitar a personas en situación de vulnerabilidad. Pero la realidad que empieza a revelar la justicia es mucho más siniestra.

Según la fiscalía, en lugar de brindar herramientas para la inserción laboral, el dinero fue utilizado para pagar sueldos, comprar vehículos y adquirir terrenos en puntos turísticos del sur neuquino como San Martín y Junín de los Andes. En la documentación analizada, incluso aparece la colocación de fondos en plazos fijos, una práctica completamente alejada de los fines del programa.

Los acusados del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) —Diego Mauro, Sonia Elizabeth Barrios y Lilian Larroza Velázquez— fueron imputados como coautores. Mientras que Gabriela Suppicich (exdiputada del FIT), Ruth Navarrete y Federico Sánchez, del Polo Obrero, quedaron como partícipes necesarios.

Como era de esperarse, desde las organizaciones sociales salieron a victimizarse y denunciar persecución judicial. En un comunicado, hablaron de una formulación “persecutoria e improvisada” y cuestionaron que la fiscalía. Por su parte, uno de los principales imputados, Diego Mauro, intentó explicar que los terrenos y vehículos fueron comprados para capacitar a compañeros “en cabañas de la zona”. También aseguró que “nunca” les pidieron una rendición de cuentas. Una defensa que roza el absurdo en un caso donde los fondos públicos debían ser administrados con el máximo nivel de transparencia.

El patrón que se repite

La fiscalía sospecha que estos desvíos fueron posibles gracias a un pacto de silencio y complicidad con los exfuncionarios provinciales, quienes habrían girado el dinero sin hacer controles. Según trascendió, el gobierno de Gutiérrez transfería fondos a organizaciones sociales como forma de contener protestas y evitar cortes de rutas, una práctica oscura que mezcla clientelismo, impunidad y negligencia estatal.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli, quien lleva adelante la causa junto al fiscal Juan Narváez, dejó entrever que la investigación podría escalar aún más. Si se confirma que existió una estructura sistemática de desvío de fondos bajo la fachada de la asistencia social, podríamos estar frente a un nuevo caso de corrupción en la provincia.