La Ley Provincial 3498, aprobada en marzo por impulso del gobernador Rolando Figueroa, prohíbe a toda persona que haya accedido a una suspensión de juicio a prueba (probation) postularse a cargos electivos o ejercer funciones públicas designadas en el ámbito provincial.

La norma, clara en sus disposiciones, tiene un alcance que incluye a quienes hayan sido beneficiados por este tipo de mecanismos judiciales, aun sin condena firme, en causas por delitos dolosos o contra la administración pública.

El caso de Márquez se enmarca en ese escenario. En 2013, fue imputada en una causa por “estafa y otras defraudaciones” vinculada a la emisión de títulos falsos a través de dos instituciones terciarias de la provincia: el Instituto Cristiano Internacional y una presunta universidad denominada “Regency”. La denuncia, respaldada por documentación firmada por la propia legisladora, señalaba que durante varios años se cobraron sumas de dinero a estudiantes por cursos que no contaban con aval oficial.

En lugar de afrontar un juicio oral, Márquez optó por acogerse a una probation. El acuerdo judicial estipuló la realización de tareas comunitarias (concretamente, la entrega mensual de cinco litros de leche a una ONG que trabaja con personas en situación de adicción) como alternativa a una eventual condena.

Tras cumplir con las condiciones, fue sobreseída en 2016. Sin embargo, el antecedente persiste y hoy, con la entrada en vigencia de la Ley de Ficha Limpia, le impide de manera definitiva volver a competir por un cargo electivo en Neuquén.

A esto se suma una denuncia por peculado, impulsada por el exdiputado Mariano Mansilla, por el presunto uso irregular de la Casa de las Leyes como sede partidaria, en beneficio del espacio libertario. El caso, que involucra también al ex coordinador del edificio Pablo Ruiz (hermano de la exvicegobernadora Gloria Ruiz, ambos investigados por corrupción), se encuentra en etapa preliminar y bajo seguimiento judicial.

En este contexto, ha generado amplio rechazo la decisión del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, de impulsar a Nadia Márquez para presidir la comisión investigadora del caso LIBRA, la estafa multimillonaria con criptomonedas que promocionó el presidente Javier Milei.

El hecho de que una legisladora con antecedentes judiciales por estafa sea la encargada de investigar una presunta estafa nacional ha sido calificado como “éticamente insostenible” por diversos referentes de la política y el ámbito jurídico.

No se trata únicamente de una incompatibilidad formal (que no existe a nivel nacional por ausencia de una ley similar), sino de una incongruencia que atenta contra la credibilidad de las instituciones y el principio de ejemplaridad en la función pública.

El silencio de Márquez frente a la imposibilidad de competir en elecciones provinciales futuras tampoco contribuye a aclarar su posición. Hasta ahora, la diputada no ha presentado ninguna acción legal para cuestionar la aplicación de la normativa ni ha emitido una defensa pública frente al criterio de inhabilitación perpetua establecido en la Ley de Ficha Limpia.

En paralelo, resurgen cuestionamientos sobre el entramado político-religioso que rodea a su figura.

Su padre, el pastor Hugo Márquez, vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA), mantiene vínculos estrechos con el oficialismo nacional. ACIERA fue beneficiaria, a comienzos de 2024, de un convenio de asistencia alimentaria firmado con el Ministerio de Capital Humano por 177 millones de pesos, lo que ha despertado suspicacias en relación con posibles favoritismos institucionales.

El caso de Márquez deja al descubierto las tensiones entre las normas de transparencia que buscan garantizar la idoneidad de los representantes públicos y la realidad de una dirigencia que en muchas ocasiones parece estar más preocupada por sobrevivir políticamente que por rendir cuentas.

Por primera vez en la provincia, una legisladora en funciones se ve alcanzada por una legislación que sanciona no sólo la conducta penal, sino también la ética. Neuquén avanza hacia un nuevo estándar institucional, donde el pasado judicial no puede ser borrado por conveniencias coyunturales. La política, al menos en este rincón del país, empieza a mostrar signos de madurez.

Ahora, resta ver si el resto del país estará dispuesto a seguir ese camino.