La normativa establece la inhabilitación perpetua para ocupar cargos en el Gobierno de la Provincia, el Gabinete, la Magistratura, el Tribunal de Cuentas, ministerios públicos y direcciones municipales para aquellos que tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos.

Además, la ley abarca a quienes hayan accedido a una suspensión de juicio a prueba, a deudores al fisco condenados al pago y a deudores alimentarios morosos inscriptos en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

La ley también excluye a quienes fueron destituidos mediante juicio político y a quienes participaron de delitos contra la administración pública, incluso si no eran funcionarios. A partir de ahora, Neuquén impone una barrera infranqueable para los corruptos que pretendían seguir lucrando con el Estado.

El resultado de la votación dejó en claro quiénes están del lado de la decencia y quiénes apuestan por la corrupción. La ley se aprobó con el respaldo del oficialismo, el PRO, La Libertad Avanza y otros bloques aliados. En la otra vereda, los cinco votos negativos provinieron exclusivamente de legisladores de Unión por la Patria y la izquierda, sectores que históricamente han amparado a políticos condenados y siguen defendiendo la impunidad.

Uno de los principales detractores de la ley fue Darío Martínez (UxP), quien intentó deslegitimar la iniciativa con el argumento de que era "inconstitucional". Sin pruebas ni fundamentos sólidos, el legislador se limitó a lanzar acusaciones vacías, sin dar nombres ni aportar datos concretos.

Desde la izquierda, Andrés Blanco también atacó la medida con frases de manual, asegurando que la ley "no resolverá el problema de la corrupción". Según su lógica, mejor es no hacer nada y seguir permitiendo que delincuentes sigan manejando el Estado.

Uno de los grandes impulsores de esta ley fue el gobernador Rolando Figueroa, quien desde el inicio de su gestión se propuso terminar con las mafias enquistadas en la política provincial. Con su respaldo y el de los sectores comprometidos con la transparencia, Neuquén se convierte en una de las provincias pioneras en erradicar a los delincuentes de la función pública.

Marcelo Bermúdez (PRO) destacó el liderazgo del gobernador en esta iniciativa y aseguró que la ley permitirá "generar una clase política que al menos pueda representar al ciudadano medio que no comete ilícitos". Una afirmación que expone la cruda realidad: hasta ahora, las instituciones permitían que criminales sentenciados siguieran accediendo a cargos clave.

El kirchnerismo y la izquierda, atrapados en su propio relato

Los sectores que votaron en contra de Ficha Limpia quedaron en evidencia. Durante años, han protegido a políticos condenados, permitiendo que personajes nefastos sigan operando en la administración pública. Ahora, al oponerse a esta ley, confirman lo que ya todos sabían: su prioridad no es la transparencia ni la justicia, sino sostener un sistema que los beneficie.

La ley, que invita a los municipios a adherir, también exige que al momento de presentar listas de candidatos, los postulantes acrediten mediante declaración jurada que no están comprendidos en ninguna de las causales de inhabilitación. Un mecanismo que pone un freno definitivo a las maniobras de quienes hasta ahora burlaban la justicia y seguían escalando en el poder.