Política
Regularizar la actividad

Trabajadoras sexuales exigen una ley que las proteja de discriminación, violencia y abuso

Se realizó la primera Mesa de Incidencia Política con participación de legisladores y referentes de Ammar.

Tras celebrarse la Primera Mesa de Incidencia Política, las trabajadoras sexuales exigieron nuevas leyes porque aseguran que, además desarrollar la práctica en la clandestinidad, corren un riesgo constante de discriminación, violencia y abuso.

“Otorgarles los derechos como a cualquier miembro de la clase trabajadora es una deuda de la democracia”, sostuvieron las representantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar).

Del debate participaron los diputados Elena Jara Sandoval y Rodolfo Canini; Ornella Infante, coordinadora de la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) en la Patagonia; Teresa Godoy, secretaria general de Ammar Neuquén, y Georgina Orellano, presidenta de esta organización a nivel nacional.

En el encuentro debatieron sobre la necesidad de regularizar la actividad y destacaron que es importante no confundirla con delitos como la trata de personas y el proxenetismo. Además, plantearon la necesidad de analizar las problemáticas a las que se enfrentan las trabajadoras sexuales por estar en la clandestinidad.

“Las compañeras se encuentran trabajando en la clandestinidad, siendo violentadas, perseguidas y obligadas a coimas económicas o favores sexuales”, señaló Sandoval, en tanto que Canini explicó que la ley se debe debatir pronto en el recinto y recordó que Ana Pechén, presidenta de la Legislatura, “lo planteó en la última sesión y hay un proyecto presentado hace nueve meses”.

Entre otras problemáticas coincidieron en la existencia de intereses creados por organizaciones mafiosas de explotación y trata, a las que no les conviene que esto se legisle. Los abolicionistas, desde otra mirada, tampoco quieren que se haga.

Por otra parte, se informó que esta semana recorrieron la localidad de Añelo y se encontraron con que el pool donde las chicas trabajaban está clausurado, cuestión que las preocupó. “Prohibir el funcionamiento de cabarets y whiskerías las pone en una situación de vulnerabilidad más grande”, agregaron desde el colectivo.

La entidad que las nuclea lanzó la línea 0810-999-0763 para denunciar situaciones de violencia institucional contra las trabajadoras sexuales a nivel nacional y brindarles contención.

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