El pasado lunes, el Ejecutivo nacional envió a los gobiernos de Neuquén y Río Negro el borrador del pliego para la licitación de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Se trata de centrales clave para el sistema energético nacional, cuya concesión privada venció en 2023 y que ahora el gobierno de Javier Milei busca volver a privatizar a toda velocidad.

Según denunció el ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, el apuro del Gobierno Nacional no solo es innecesario sino también irresponsable: “Están haciendo esto en forma un poco apresurada, en un tema que es sustancial para la Provincia”.

Las provincias solicitaron un plazo de 30 días para analizar los pliegos, pero solo se les otorgaron 15. Peor aún, ese plazo comenzó a correr antes incluso de que la documentación llegara de forma oficial. Todo indica que la urgencia tiene más que ver con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional que con una planificación energética seria.

Detrás de esta maniobra se esconde un modelo de gestión que reduce al Estado a una mesa de negocios: vender activos estratégicos para cumplir con metas fiscales, sin considerar el impacto a largo plazo en la estructura económica y social del país.

El decreto 263/2024 habilita no solo la conformación de sociedades anónimas para administrar las represas, sino que también marca un inicio inmediato del proceso licitatorio. La pregunta es inevitable: ¿a quién beneficia esta velocidad?

En contraposición, desde la provincia de Neuquén se impulsa una postura que privilegia el desarrollo sostenible y el respeto al federalismo.

El gobernador Figueroa ya expresó su rechazo al proceso. Incluso, algunos senadores de ambas provincias, propusieron una alternativa: que las provincias mantengan el 50 por ciento del capital accionario y que los dividendos se reinviertan en infraestructura regional.

No se trata de un capricho ni de una defensa ideológica, sino de una visión estratégica que busca preservar el control sobre un recurso vital.

Este no es el único frente de conflicto entre el Gobierno Nacional y la provincia de Neuquén. En el área sanitaria, la situación es alarmante. Faltan vacunas esenciales del Calendario Nacional –como la Hepatitis A, la antipolio (IPV), la Neumo 20 y la de Varicela–, lo cual pone en riesgo a miles de niños y adultos vulnerables.

A pesar de que la Ley 27.491 garantiza su provisión gratuita por parte del Estado Nacional, las dosis no llegan y el gobierno neuquino se ve obligado a buscar alternativas por fuera del sistema federal, incluyendo negociaciones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Otro punto de tensión es la cuestionada decisión de Nación de avanzar con el levantamiento de la barrera sanitaria que protege a la Patagonia de la fiebre aftosa.

La resolución 180/2025 del SENASA permitiría el ingreso de carne con hueso desde zonas del país donde aún se vacuna contra esta enfermedad, poniendo en riesgo el estatus sanitario patagónico, único en el país y resultado de décadas de inversión pública y esfuerzo de los productores.

El gobierno neuquino, lejos de cerrar el diálogo, propuso una alternativa superadora: extender el estatus sanitario libre de fiebre aftosa sin vacunación hacia el norte del río Colorado.

“No se trata de mantener privilegios, sino de ampliar logros sanitarios a todo el país”, explicó el ministro de Producción neuquino. La propuesta no solo busca preservar la sanidad animal, sino también proteger la estructura productiva regional frente a decisiones que parecen motivadas más por necesidades políticas coyunturales que por una visión integral.

Finalmente, el corazón de la política energética, Vaca Muerta, tampoco escapa a esta lógica de desgaste. Mientras la producción de petróleo y gas crece a niveles récord y se anuncian inversiones multimillonarias, las regalías que recibe la provincia caen en términos reales.

En enero de 2025, las regalías registraron una pérdida del 8,4 por ciento interanual en valores constantes, producto de la política de crawling peg y la desregulación que licúa los ingresos provinciales mientras favorece a las grandes empresas exportadoras.

Frente a este escenario, el gobernador Figueroa insiste en la necesidad de que una parte significativa de esas ganancias quede en Neuquén y se traduzca en infraestructura, salud, educación y desarrollo social. “Tenemos que transformar los recursos naturales en bienestar para nuestra gente”, señaló en reiteradas oportunidades.

Lo que está en juego no es solo el control de represas, vacunas o fronteras sanitarias. Lo que se discute son dos modelos de Estado: uno que entrega activos, debilita las instituciones y responde a los intereses del FMI; y otro, como el que propone Neuquén, que defiende la planificación, el federalismo y la capacidad del Estado para garantizar derechos y construir desarrollo a largo plazo.

El contraste no podría ser más claro. Mientras Nación privatiza a las apuradas, la provincia se planta con propuestas. Mientras el gobierno nacional busca ajustar para cumplir con compromisos externos, Neuquén apuesta a un Estado fuerte que dé respuestas estructurales a sus ciudadanos y los inversores.