La teoría del caso la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido.

Distingue niveles de responsabilidad, poniendo como jefes al ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca; al ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler; a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y a Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. De ellos, Soiza y Osuna cumplen prisión preventiva y Sanz permanece detenido con prisión domiciliaria; mientras que Di Luca y Siengentharler no tienen medidas cautelares vigentes.

Además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otros 26 imputados e imputadas -entre particulares; empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra.

Todas las personas están acusadas -como jefes o partícipes- por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).