En el caso de la provincia, lo que plantea el proyecto es similar. El debate sería también obligatorio, realizado dentro de los 20 y hasta los siete días corridos anteriores a la fecha de la elección.

La Junta Electoral provincial estaría a cargo de la organización, realización y coordinación. Haría la convocatoria cinco días después de la oficialización de las candidaturas. En una audiencia se acordaría el reglamento por el que se regirá el debate, el lugar y fecha, la selección y modo de actuación de quien modere y los temas a abordar. De no haber consenso, la Junta tiene la última palabra.

El debate sería transmitido en directo por todos los medios públicos televisivos, radiales y digitales. Las señales se pondrán a disposición de todos los servicios de comunicación que quieran replicarla. La agrupación que se niegue a participar será sancionada con una multa.

En los fundamentos se señala que hay provincias que ya han incorporado el debate (Mendoza, Chubut) y destaca los buenos resultados que ha tenido a nivel nacional con “elevados registros de audiencia.” Se cita el informe del CIPPEC que menciona que el primer debate presidencial obligatorio de 2019 tuvo más de tres millones de personas que lo siguieron.

El bloque sostiene que “la obligación de los ciudadanos de votar y de contribuir al financiamiento de las actividades de los partidos políticos tiene como contrapartida la obligación de los candidatos a Gobernador de la Provincia de participar de un debate, asumiendo el compromiso democrático de presentar sus propuestas y exponerlas a la crítica de otros aspirantes y del público en general.”