La nueva disposición advierte que “deben respetar la voluntad y elección de la mujer sin descalificar lo que piense, diga o elija". Y agrega: "La calidad de la atención y los requisitos para acceder a la práctica de ILEs son similares en establecimientos públicos y privados (prestadores de obras sociales o prepagas). También lo es la responsabilidad de los profesionales en caso de no respetar los derechos de las personas".

Además, los médicos quedaron advertidos: "Podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión cuando, de forma injustificada, no constaten la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal para la realización de una ILE, realicen maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto”, concluyeron.

Por último, luego de que el flamante ministro de Salud, González García, reveló que llevará a cabo la restitución del protocolo del aborto no punible, los sectores “pro vida” salieron a criticarlo inmediatamente. La diputada santafesina Amalia Granata escribió erróneamente: “Ya se debatió en el Congreso y no se aprobó, usted quiere atentar contra la democracia y los tratados que protegen al niño por nacer. No se lo vamos a permitir”.