El ministro de Planificación de Neuquén, Rubén Etcheverry, no se anduvo con rodeos: “Están haciendo esto en forma un poco apresurada, en un tema que es sustancial para la Provincia”. Y no es para menos. Las provincias habían solicitado 30 días para estudiar los pliegos, pero el Gobierno, apurado por cumplir con sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional, solo otorgó 15 días. Un plazo que, encima, ya comenzó a correr antes de que siquiera llegara la documentación. Todo huele a trampa.

Detrás de este apuro se esconde un plan que prioriza los números de la Nación antes que el desarrollo regional. Ante el desembolso del FMI, el gobierno de Javier Milei parece decidido a rifar activos estratégicos para juntar dólares frescos, aún a costa de dejar a las provincias sin voz ni voto sobre recursos que les pertenecen. Y lo hace sin el más mínimo respeto institucional ni coordinación federal.

El gobernador Rolando Figueroa ya hizo pública su disconformidad con los plazos y la metodología. Incluso cuatro senadores nacionales de Neuquén y Río Negro, elevaron una propuesta más razonable: que las provincias conserven el 50 por ciento del capital accionario y que las ganancias sean reinvertidas en infraestructura, no destinadas a pagar deuda externa. Pero en Casa Rosada parece que no hay lugar para propuestas racionales. La orden es una sola: vender rápido y sin chistar.

Esta operación de privatización se ampara en el decreto 263/2024, que no sólo autoriza la creación de las sociedades anónimas para manejar las represas, sino que también fija el inicio del llamado a licitación en tan solo 15 días. ¿Qué clase de planificación energética puede hacerse en apenas dos semanas? En realidad, lo que importa es vender.

La preocupación es profunda, no solo por la pérdida de control sobre un recurso vital, sino porque se repite una vieja historia: la Nación decide, las provincias pagan las consecuencias. El manejo del agua, la generación eléctrica, el empleo local y el impacto ambiental son asuntos demasiado importantes como para dejarlos en manos de capitales cuyo único objetivo es la rentabilidad inmediata.

Además, queda flotando una pregunta incómoda: ¿quiénes son los interesados en quedarse con este paquete accionario? El secretismo y la velocidad del proceso no ayudan a despejar dudas. Al contrario, aumentan la desconfianza.

Desde hace décadas, el Comahue es uno de los pilares del sistema energético argentino. Y, sin embargo, sus represas han sido históricamente manejadas desde despachos lejanos, con criterios centralistas. Hoy, el Gobierno nacional repite ese modelo, esta vez disfrazado de “modernización” y “eficiencia”, pero con el mismo resultado de siempre: despojo para las provincias, negocios para unos pocos.

La historia parece repetirse, pero esta vez Neuquén y Río Negro no están dispuestas a quedarse calladas. El saqueo disfrazado de licitación ya no engaña a nadie. Y si el Gobierno nacional insiste en apurar este proceso, lo que podría venir no es una solución energética, sino un nuevo conflicto político de la Nación con las provincias.