Estaba tan deprimido por la muerte de su perro que se pidió dos años de licencia psicológica. Otra persona se sentía muy gorda e hizo lo mismo por un extenso período. Y no faltó quien asegurara que sufría trastornos de ansiedad para ausentarse de la oficina por tres meses.

Castillo de naipes

Ese fue el disparador para que la Justicia no se quedara sólo con los casos municipales y abriera la investigación a todos los ámbitos de la administración pública de la provincia. “Es tanta la impunidad que nadie se avergüenza a la hora de justificar una licencia prolongada con la muerte de una mascota”, manifestó una fuente judicial.

Aparentemente, el fiscal que maneja el caso, Germán Martín, está decidido a seguir adelante con la investigación. Si bien el funcionario prefiere mantener el silencio y no hacer declaraciones al respecto, trascendió que estaría dispuesto a avanzar mucho más para ver hasta dónde llegan estos casos que anualmente generan pérdidas millonarias al erario público.

Los certificados truchos que involucran a siete médicos (entre psicólogos y psiquiatras) se acomodan a las necesidades de cada “paciente”. Y, dependiendo del tiempo de licencia, se cobran los honorarios que sean. Comienzan con 500 o 700 pesos, pero las renovaciones pueden llegar a ser mucho más costosas, dependiendo del grado de complejidad para “convencer” al empleador de que esa persona no está en condiciones de ir a trabajar porque se siente mal.

Así se conoció otro caso de un empleado que había contratado un “paquete” para viajar al exterior y cuando se lo comunicó a su jefe éste le recordó que no tenía suficientes días de licencia para hacerlo. ¿La solución? Un certificado psicológico por 30 días para cubrir esas vacaciones soñadas sin problemas. Nadie podría cuestionar un pico de estrés o de depresión.

La investigación por el “festival de certificados” –como comienzan a llamarlo en los pasillos de la Justicia– ya causó un fuerte impacto en todas las dependencias del Estado porque puede derivar en penas y sanciones realmente severas. Creen en la Justicia que, aunque la investigación recién empieza, la noticia ya puso un freno al negocio de los certificados.

Por su parte, los gremios provinciales ven bien que se investiguen las licencias psicológicas prolongadas, pero advirtieron que esto no debe convertirse en “una caza de brujas”.