Tanto el proyecto de Domínguez, Lépore y Monzani como el de Coggiola apuntan a reglamentar la consulta popular vinculante y no vinculante, establecidas en los artículos 310 y 311 de la Constitución de Neuquén; mientras el que el del PRO se centra únicamente en la de carácter vinculante.

Al explicar la iniciativa, Domínguez señaló que el objetivo es garantizar la participación ciudadana. Explicó que la convocatoria a consulta popular vinculante no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo y deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros presentes de la Legislatura. Además, serán requisitos que contenga el texto completo de la ley y la formulación de preguntas de manera clara y precisa para que permita obtener una respuesta categórica por sí o por no. Aclaró que si la ley sometida a consulta es ratificada por la mayoría de los votos, será promulgada automáticamente y no podrá ser vetada por el Ejecutivo.

La consulta no vinculante, agregó Domínguez, podrá ser convocada por el Poder Legislativo, el Ejecutivo y los municipios; no será obligatoria; contempla opciones múltiples en las respuestas y podrá desarrollarse de manera presencial o digital.

Desde el PRO, Damián Canuto planteó que la reglamentación de la figura de la consulta popular ha sido diferida porque conlleva un poder ciudadano al otorgarle la capacidad de crear leyes. “Tiene un poder generador de derechos”, afirmó tras recordar que esas figuras corresponden a “una buena intención del constitucionalista que quedaron como letra muerta”. Respecto de la consulta no vinculante, consideró que “lejos de traer una solución, puede traer solamente una controversia, inútil a fin de cuentas, porque no tiene el efecto práctico que tendría que tener”. En ese sentido, consideró que “debilitaría el instituto” y “no pasa de ser una expresión de deseo”.

A su turno, Coggiola se pronunció a favor de reglamentar tanto la consulta vinculante como la no vinculante y manifestó observaciones en cuanto a los plazos al considerar que, en caso que no sea un tema de urgencia inmediata, podría realizarse en el siguiente proceso electoral para evitar un dispendio económico.

Su par de Avanzar, Francisco Lépore, destacó la utilidad de la consulta no vinculante para conocer la opinión pública sobre determinados temas y recordó que es una herramienta prevista en la Constitución Provincial. En ese sentido, opinó que si no se reglamenta “quedaríamos rengos gratuitamente” y mencionó que el espíritu de la iniciativa es “incorporar herramientas que permitan la participación de la ciudadanía”. “Acá de lo que se trata es de sustituir la voluntad del poder del Ejecutivo por la voluntad del pueblo”, dijo, tras enfatizar en que el mecanismo aporta claridad y elimina suspicacias.

El diputado Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) acotó que la consulta no vinculante resultará de mucha utilidad para los municipios al permitirles sondear la opinión de sus comunidades sobre determinados temas. Su par de la UCR, César Gass, recordó la importancia que tuvo la consulta no vinculante para evitar un conflicto con Chile durante el gobierno de Raúl Alfonsín, quien utilizó la herramienta para que la población vote por el sí o el no a un tratado de paz con el país trasandino, en medio de la disputa por el Canal de Beagle.