Los acusados, clave en la supervisión y conservación del área, son Matías, Iván, Encina, Diego Luis Lucca, Juan Ignacio Jones y María Mercedes Hileman. El tribunal anterior había respaldado su absolución, argumentando que la tragedia fue un evento natural imprevisible. Sin embargo, el fiscal general Miguel Palazzani cuestionó esta afirmación, haciendo hincapié en que “con sólo ver las fotos sobre el estado de los árboles no hacía falta ninguna guía ni protocolo para advertir el peligro”.

La decisión de la Cámara de Casación, apoyada por la mayoría de sus integrantes, se fundamenta en la necesidad de analizar si los guardaparques cumplieron con los deberes normativos en la vigilancia de la seguridad dentro del parque. En este contexto, se recuerda que la Ley 22.351 y otras normativas establecen claramente las responsabilidades de los funcionarios encargados de resguardar el bienestar de los visitantes.

El fiscal también destacó que, tras el trágico incidente, se iniciaron acciones correctivas que incluyeron la tala de árboles potencialmente peligrosos. Sin embargo, cuestionó la inacción anterior, preguntándose: “¿por qué se hizo luego de la muerte de los dos niños y no antes?”.

La Cámara de Casación consideró que no se había demostrado adecuadamente que las normas aplicables al caso no habían sido violadas, lo que refuerza la idea de que los guardaparques podrían ser responsables de la tragedia. Este nuevo juicio promete arrojar luz sobre las responsabilidades de aquellos que tienen a su cargo la protección de los espacios naturales y la seguridad de los visitantes.

Con este fallo, el camino hacia la justicia se abre nuevamente, manteniendo viva la esperanza de que hechos tan lamentables como el ocurrido en el Parque Nacional Lanín no queden impunes y que se establezcan medidas que garanticen la seguridad en estos entornos de vital importancia para la comunidad. La espera de un nuevo juicio ya ha comenzado, y con ella las preguntas acerca de la responsabilidad en la custodia de nuestros espacios naturales.