Cuatro años de prisión por estafa y robos para José Manuel Soto
En una audiencia celebrada en la Ciudad Judicial, se concretó un acuerdo judicial que resultará en cuatro años de prisión efectiva para José Manuel Soto, quien admitió su participación en dos casos de estafa y robo. La actuación del asistente letrado Luciano Vidal fue clave en la presentación de este acuerdo, que recibió la aprobación del juez de garantías, Marco Lupica Cristo.
El fiscal de la causa, encargado de Robos y Hurtos, acusó a Soto como coautor de delitos graves que incluyen estafa en concurso real con robo con arma, aunque no se acreditó que el arma tuviera aptitud para disparar, así como hurto simple. La severidad de la pena se debe a los antecedentes penales de Soto, quien ya había sido condenado por robo simple en 2020, lo que obligó a que la pena impuesta fuera de cumplimiento efectivo.
Durante la audiencia, tanto la defensa como la fiscalía renunciaron a los plazos recursivos, permitiendo que la condena se inicie en breve. El caso de Soto se origina en dos incidentes ocurridos en mayo y junio de 2024, donde utilizó engaños para obtener la confianza de las víctimas antes de perpetrar los robos.
El primer hecho tuvo lugar el 31 de mayo en Senillosa, cuando Soto contactó a una mujer interesada en alquilar su departamento. Tras acordar un pago a través de Mercado Pago, dejó a la propietaria esperando un efectivo que nunca llegó. En su lugar, Soto y un cómplice se retiraron del lugar con varios objetos personales de la vivienda, un delito que quedó grabado en cámaras de seguridad.
El segundo incidente se produjo el 4 de junio en un barrio de la ciudad de Neuquén. Al igual que en el primer caso, Soto se hizo pasar por un inquilino interesado y, tras usar una serie de excusas para el atraso en el pago, fue sorprendido robando un televisor y un microondas. En este caso, incluso amenazó a la dueña con un arma antes de huir.
La rápida resolución de este caso refleja la efectividad del sistema judicial en situaciones de delitos que afectan a la comunidad, mientras que la condena de cuatro años busca ser un mensaje claro contra la impunidad por actos delictivos. La presencia de la agente de la fiscalía, Solange Velázquez, también destaca el compromiso del cuerpo judicial en la lucha contra la criminalidad en la región.