El acuerdo que firmarán mantiene las actualizaciones atadas a la inflación, aunque con una dinámica diferente a la que se aplicó anteriormente. Tras los reclamos que habían planteado todos los gremios, el Ejecutivo accedió a generar una suerte de “mix” entre aumentos mensuales y bimensuales que permitirán achicar los tiempos entre que se difunde el Índice de Precios al consumidor del trimestre, su publicación y posterior liquidación en los sueldos.

Esto implica que habrá un adelantamiento del primer mes del trimestre (por ejemplo, la medición de enero se liquidará con los salarios de este mes) y luego se sumará lo que arrojen los dos meses restantes del período.

“Esto tendrá impacto en los dos aguinaldos, ya que los valores de los meses de junio y diciembre se verán aumentados por la aplicación del adelantamiento del IPC que incluye la metodología propuesta”, afirmaron desde el gobierno.

La segunda variante respecto de los acuerdos anteriores es que el aumento salarial por índice de precios se calculará a partir de una canasta ponderada por el 50 por ciento que mida el Indec y el otro 50 por ciento por el nuevo IPC de Neuquén. El de Córdoba quedará descartado dado que mostraba algunos desfasajes respecto de estas dos mediciones.

El gobierno le sumó a esta propuesta el pago de un bono de carácter no remunerativo ni bonificable de 80 mil pesos, pagadero en dos cuotas iguales el 17 de febrero y el 17 de marzo.

Esta fue la salida que encontró para engordar los salarios en el primer tramo del año, pero sin otorgar un porcentaje adicional como hizo en el 2022 con el 20 por ciento adicional.

El ministro de Economía, Guillermo Pons, lo había descartado “de plano” al advertir que ya el otorgamiento de las subas por inflación “genera un crecimiento de la masa salarial permanente y sostenido que no deja margen para más aumentos”.

El cálculo del IPC también se aplicará sobre el concepto de ropa de trabajo y las asignaciones familiares, pero en forma semestral.