El puntapié inicial fue un encuentro convocado en Casa de Gobierno, hace dos semanas, del que participaron referentes de los tres poderes del Estado: el propio gobernador, ministros, diputados provinciales, vocales del Tribunal Superior de Justicia, autoridades judiciales y funcionarios. Allí se acordaron los primeros pasos hacia la elaboración de un anteproyecto de reforma que será debatido en la Legislatura antes de fin de año.

La decisión política del mandatario neuquino no es menor: luego de décadas de diagnósticos, promesas inconclusas y postergaciones, se reinstala con seriedad y compromiso el tratamiento de una reforma que puede cambiar para siempre la forma en que los ciudadanos acceden al servicio de justicia.

Una deuda de 50 años

El Código Procesal Civil y Comercial vigente en la provincia fue sancionado en 1975. Medio siglo después, ese conjunto de normas que define cómo se tramitan los conflictos civiles y familiares en el Poder Judicial sigue rigiendo sin grandes modificaciones, a pesar de que el contexto social, tecnológico y normativo cambió por completo.

Desde 2015, la Argentina cuenta con un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero en Neuquén no se había avanzado en la actualización del instrumento que define cómo se reclaman judicialmente los derechos consagrados por ese código de fondo. Esa brecha entre la ley y su implementación concreta fue generando una distancia cada vez mayor entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Celeridad, tecnología y cercanía: los ejes de la transformación

La reforma apunta a dotar al sistema judicial de herramientas modernas que mejoren la calidad del servicio. Algunos de los ejes centrales incluyen:

• Oralidad y simplificación de procesos: reducir la burocracia y los tiempos muertos, privilegiando el contacto directo entre el juez y las partes.
• Criterios claros y plazos razonables: evitar dilaciones innecesarias y brindar mayor previsibilidad a las personas que acuden a la justicia.
• Métodos alternativos de resolución de conflictos: promover la mediación y la conciliación como vías complementarias al juicio.
• Incorporación de nuevas tecnologías, incluida la Inteligencia Artificial: aprovechar los avances tecnológicos para mejorar la eficiencia sin perder el componente humano.
• Regionalización del servicio de justicia: garantizar que el acceso a la justicia no dependa del lugar de residencia.

El objetivo es claro: pasar de un sistema que muchas veces resulta lejano, lento e incomprensible, a uno que sea verdaderamente accesible, gratuito y útil para todos los ciudadanos.

Recuperar la confianza de la ciudadanía

Según distintos estudios, más del 80 por ciento de la población no confía en el servicio de justicia. Ese nivel de desconfianza es un problema estructural que afecta la calidad de la democracia y erosiona la percepción de equidad. Por eso, avanzar con una reforma profunda no es solo una cuestión técnica o administrativa: es un acto de responsabilidad institucional.

Si el proceso avanza con el compromiso y la transparencia con que se ha iniciado, Neuquén puede convertirse en un ejemplo a nivel nacional de cómo se moderniza el acceso a la justicia sin perder de vista lo esencial: que la justicia es, ante todo, un servicio para las personas.