Estafa de los planes sociales: van a juicio 17 acusados por asociación ilícita y fraude
El caso de corrupción con planes sociales en Neuquén sigue sumando capítulos oscuros. Lo que comenzó como una sospecha se convirtió en una investigación que destapó una red organizada de desvío de fondos públicos, beneficiando a un grupo selecto de exfuncionarios de la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, con la elevación a juicio de 17 acusados, la Justicia avanza en uno de los fraudes más escandalosos de la provincia.
La jueza de garantías, Carina Álvarez, reafirmó las acusaciones por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por uso indebido de tarjetas de débito. La defensa de los imputados intentó, sin éxito, frenar el proceso, pero la fiscalía, encabezada por Pablo Vignaroli y Juan Narváez, logró que se mantenga firme el camino hacia el juicio oral.
Según la fiscalía, la estafa funcionaba con una estructura piramidal, en la que los cabecillas del Ministerio de Desarrollo Social orquestaban el fraude con la complicidad de distintos niveles de operadores. En la cima se encuentran Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siengentharler, exfuncionarios de peso que manejaban los fondos destinados a los sectores más vulnerables.
Por debajo de ellos, una red de colaboradores, recaudadores y reclutadores se encargaba de ejecutar la maniobra, apropiándose de los fondos mediante la utilización de tarjetas de débito ajenas y la gestión de cheques fraudulentos. En total, se cuentan 9.303 hechos de estafa, con cifras millonarias desviadas que aún están siendo calculadas con exactitud.
La jueza Álvarez dejó en claro que cada imputado responderá por los hechos en los que participó, desmontando el argumento de que la estafa debía ser considerada como un solo hecho delictivo. La fiscalía, por su parte, adelantó que pedirá penas superiores a los tres años de prisión efectiva, lo que podría significar la cárcel para los principales responsables.
Pero mientras la causa avanza en la Justicia Penal, desde la Fiscalía de Estado ya se ha iniciado un proceso para recuperar el dinero sustraído. Según trascendió, la Provincia reclama la devolución de 153.377.900 pesos, monto que podría incrementarse conforme avance la investigación. La maniobra, que durante años funcionó con total impunidad, ahora enfrenta el escrutinio público y legal.
Con la confirmación de la elevación a juicio, se espera que el proceso sea extenso y esté marcado por la exposición de pruebas contundentes que demostrarán cómo un grupo de funcionarios del ex gobernador Omar Gutiérrez, utilizó el aparato estatal para enriquecerse a costa de los más necesitados.
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