Los "arrepentidos" y su súbito cambio de bando

Los cuatro testigos que ahora se presentan como colaboradores de la justicia son Analía Scherer, Paola Ceballos, Lucía Soto y Cristian Vergara. Aunque la figura legal del "arrepentido" no existe en la provincia, la prensa los bautizó así por el rol que cumplen en el proceso judicial. Estos exfuncionarios habían sido imputados junto con otros doce acusados, pero en un sorpresivo giro en julio de 2023, decidieron romper filas con la banda delictiva y negociar con la justicia.

Los testimonios de los "arrepentidos" fueron claves para ampliar la acusación y destapar la forma en que se saqueaban fondos destinados a los sectores más desprotegidos de la sociedad. El modus operandi incluía el cobro fraudulento de cheques, la extracción de dinero con tarjetas de beneficiarios y una red de testaferros que lavaban los fondos de manera encubierta.

La magnitud de la estafa fue descrita como "monstruosa" por fuentes judiciales, y lo más alarmante es que podría haber ramificaciones que lleguen hasta lo más alto de la estructura gubernamental.

Un cambio de estrategia que genera sospechas

En septiembre de 2024, la fiscalía decidió retirar la imputación contra los "arrepentidos", argumentando que su papel en la estafa fue menor y que estaban sometidos a presiones de sus superiores. Sin embargo, este cambio de estrategia genera más dudas que certezas. Al pasar de imputados a testigos, ahora deben declarar bajo juramento de decir verdad, pero ¿cómo confiar en quienes fueron parte del delito hasta hace poco tiempo?

Algunos abogados defensores pusieron en tela de juicio la credibilidad de estos testigos y alertan sobre la posibilidad de que sus declaraciones estén influenciadas por acuerdos oscuros con la fiscalía para proteger a ciertos sectores del poder político.

Otro punto que despierta inquietudes es la negativa de la fiscalía a citar a ciertos testigos propuestos por la defensa, argumentando que están involucrados en otras causas derivadas de esta investigación. Tal es el caso de Carlos Bizai, un funcionario que, según una testigo, llevaba documentos a Ricardo Soiza para que los firmara incluso cuando estaba internado en una clínica. La defensa de Soiza sostiene que esto desmiente la acusación de que su cliente estaba imposibilitado de firmar documentos en ciertos momentos clave.

El mismo obstáculo enfrenta la citación de Luciano Palma, síndico de CALF y hombre cercano al exministro de Desarrollo Social y actual intendente de Neuquén, Mariano Gaido. Su citación como testigo fue bloqueada bajo el pretexto de que también está imputado en la investigación derivada conocida como "Planes Sociales II". Narváez advirtió que si la defensa quiere que Palma declare, deberá presentarse con su abogado, lo que limita considerablemente su testimonio.

A medida que el juicio avanza, se espera que más personas involucradas en la maniobra delictiva sean llamadas a declarar, revelando nuevas conexiones y posibles responsabilidades de exfuncionarios de la administración Gutiérrez. La estafa con los planes sociales de Neuquén no solo dejó un vacío millonario en las arcas públicas, sino que también dejó al descubierto el entramado de clientelismo y corrupción enquistado en la política provincial.