Judiciales y Policiales
El circo de la "Plandemia"

Duro revés judicial para grupo "antivacunas" de la provincia

Un juez de Garantías avaló el dictamen de una fiscal y desestimó que existiera un plan de "envenenamiento" como lo denunciaron.

Un grupo de antivacunas de Neuquén recibió un segundo revés cuando el juez de Garantías Lucas Yancarelli desestimó la denuncia por presunto envenenamiento, con el que pretendió judicializar el plan de vacunación contra el Covid-19. Habían denunciado a autoridades sanitarias nacionales, provinciales y a profesionales médicos y farmacéuticos.

En esta segunda instancia, la fiscal Valeria Panozzo solicitó al magistrado que confirme la decisión que tomó, en marzo, de no investigar a autoridades del gobierno nacional, provincial y distintas personas que participan del plan vacunación contra el Covid-19.

La audiencia se efectuó a primera hora de la mañana en la Ciudad Judicial. Panozzo planteó, entre otros aspectos, que los 3 delitos que detallaron las personas denunciantes "no fueron desarrollados de manera tal que la fiscalía pudiera avanzar en alguno de ellos"; que la documentación que aportaron "carecía de aval científico"; y que la denuncia "fue algo genérico sin un solo hecho concreto".

En forma previa, en marzo pasado, la fiscal del caso había desestimado la denuncia mediante una resolución, en la que planteó que los hechos descriptos por este grupo de personas que se opone al plan de vacunación por Covid-19, “no constituían delito”.

Tras la resolución de Panozzo, las personas denunciantes pidieron que la decisión sea revisada por un juez de garantías. Esto fue lo que ocurrió en la jornada de hoy, y el juez de garantías Lucas Yancarelli respaldó la decisión de la fiscal.

Entre otros argumentos, el magistrado planteó que la competencia para investigar parte de la denuncia debería ser el ámbito de la Justicia Federal, no la provincial; y que el Poder Judicial actúa sobre casos concretos y no ante casos genéricos como fue planteado en las personas denunciantes.

Esta causa comenzó en noviembre pasado, cuando un grupo de personas antivacunas fue a manifestarse al ministerio de Salud, y los médicos los acusaron de "coacción. Como réplica, estos dijeron que tenían pruebas y pidieron que se investigue.

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