Al explicar el alcance de la medida, Bermúdez aclaró que el uso de los dispositivos de conducción eléctrica -tales como las de marca Tasser- no pretende reemplazar el arma de fuego vigente para todos los servicios, sino incluirla en situaciones particulares en las que corra riesgo la vida del oficial e incluso de otras personas. Mencionó por caso los shopping, las estaciones de servicio, los hospitales y bancos, en los que el uso del arma de fuego para evitar un delito podría provocar la muerte de terceros.

El objetivo, dijo el legislador del PRO-NCN, es “dotar a la policía de un arma que no mate ni genere incapacidad” severa en quien recibe el impacto. Mencionó que el accionar de los agentes policiales es “limitado” ya que el arma reglamentaria actual -9milímetros- es letal, y en “soledad”, a diferencia de otras instituciones de la fuerza de seguridad.

Remarcó que los dispositivos sugeridos permiten registrar mediante audio y video el disparo, con lo que se podrá evaluar administrativa y judicialmente el accionar del agente que hizo uso de la pistola. Es decir que, a diferencia del armamento vigente, se puede “chequear el legítimo uso del arma”, señaló Bermúdez.

En su intervención, el diputado comparó la letalidad de las armas en cuestión con los medicamentos. “Todos los remedios tienen su contraindicación, depende de la otra persona de tolerar o no tolerar determinadas situaciones y eso también será su destino”, opinó tras reiterar que se trata de un armamento de menor letalidad que las reglamentarias actuales.

Desde el bloque CD-Comunidad, Ernesto Novoa adelantó el “acompañamiento a la discusión” y se inclinó a favor de su utilización en los casos en los que la persona que comete el delito esté armada. Remarcó que, en los enfrentamientos, la policía cuenta con “sólo segundos” para decidir sobre su accionar y recordó por caso la muerte, bajo servicio, del joven oficial Sergio Hernández de Mariano Moreno.

Señaló que murió “en soledad” y criticó la falta de acompañamiento de organizaciones sociales ante la caída de estos “servidores públicos”. “Lo último que un policía tiende a hacer es disparar, porque después se queda solo” dijo en ese sentido. Mencionó que su función “no es matar gente” y aseguró que la ley no implicará “salir corriendo a comprar armas, pero sí hay que darles la posibilidad de que las tengan”.

Desde el MPN, Ludmila Gaitán hizo una serie de observaciones al texto de la propuesta, ocasión en la que cuestionó la “falta de especificidad”. En ese sentido, cuestionó su amplitud, lo que genera dudas respecto a su alcance y condiciones de uso. Dijo que la redacción no es clara ya que no reemplaza un arma por otra, con lo que no se sustituye el arma de bala, y mocionó para que el Ministerio de Seguridad emita su opinión al respecto.

Por el bloque UxP, Darío Peralta también hizo reparos a la propuesta al señalar que los dispositivos en cuestión no constituyen “armas no letales sino menos letales” que las de bala, que dejan severas secuelas.

A su turno, Andrés Blanco (PTS-FIT) rechazó la iniciativa al indicar las consecuencias que la descarga eléctrica genera en el cuerpo, en particular en personas con determinadas patologías en las que el daño puede ser permanente o incluso mortal. Mencionó otros ejemplos a los vertidos -en los que fallecieron agentes policiales-, como el asesinato del docente Carlos Fuentealba bajo, remarcó, “un arma supuestamente no letal”.

Finalmente, solicitó la participación de integrantes de la APDH y del Comité contra la Tortura en las próximas reuniones, tras la nota que presentaron en relación al proyecto. El tema permanecerá en agenda, con la convocatoria a autoridades del Ministerio de Seguridad, de la APDH y Comité contra la Tortura en próximas comisiones.