En lugar de ser enviados a una planta de tratamiento, estos desechos se depositaron en piletas sin condiciones apropiadas, afectando el suelo, el agua subterránea y el sistema de riego.

El fiscal Breide Obeid destacó que el empresario evitó los costos de tratamiento de estos residuos, incurriendo en un acto de contaminación dolosa. Este comportamiento no solo afectó el entorno inmediato sino también el sistema hídrico utilizado para el riego en la zona rural de Centenario.

Como medida cautelar, se ordenó el embargo de las cuentas bancarias del empresario por un plazo de cuatro meses, con el objetivo de asegurar la remediación ambiental de los daños causados y cubrir las posibles costas del proceso judicial. La jueza de garantías Carina Álvarez respaldó tanto la imputación como la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

La situación se destapó después de la pandemia, cuando los vecinos de la zona notaron un aumento en la actividad del lavadero y la constante descarga de efluentes contaminados en los desagües. A pesar de haber sido notificada previamente, la empresa no cumplió con las normativas establecidas, lo que agravó la situación.

Inspecciones y Actas

Según consta en el expediente, el pasado 12 de abril se labró una primera acta de inspección en la que se notificó a Monali SAS para que cesara el derrame de fluidos contaminantes. Sin embargo, la empresa hizo caso omiso a esta advertencia. Las autoridades continuaron con visitas en diferentes días y horarios, pero los efluentes contaminados con petróleo seguían siendo arrojados al desagüe, a la vista de todos.

Esta situación no solo ha sido observada por las autoridades, sino también por los vecinos de la zona. Los residentes que frecuentan el sector de chacras y el Loteo Cabezas, un área cercana utilizada para actividades deportivas, han sido testigos de los derrames continuos. La contaminación afecta no solo al medio ambiente, sino también a la calidad de vida de los habitantes de la región.

El 10 de mayo de 2024, se labró una segunda acta de inspección por el mismo motivo, notificando nuevamente a la empresa sobre la necesidad de cesar los derrames y realizar la remediación correspondiente. A pesar de haberse dado un plazo para cumplir con estas exigencias, la empresa no tomó las medidas necesarias para corregir la situación.

Este caso subraya la importancia de seguir estrictamente las normativas ambientales y las consecuencias legales de su incumplimiento. La comunidad de Centenario y las autoridades locales están atentos al desarrollo de este proceso judicial, que busca restaurar la integridad del medio ambiente afectado y garantizar que no se repitan estos actos de negligencia.