La propuesta autoriza al Poder Ejecutivo a crear sociedades del Estado y a mantener las preexistentes, definiéndolas como aquellas que -con exclusión de participación de capitales privados- constituyan el Estados provincial, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto o las sociedades que se constituyan en orden a lo establecido por la propia norma o las preexistentes creadas por ley provincial para desarrollar actividades de carácter industrial y comercial o explotar servicios públicos.

El articulado prohíbe su transformación en sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria ni admite, bajo cualquier modalidad, la incorporación de capitales privados a su capital. Además, determina que no podrán ser declaradas en quiebra y que el Ejecutivo podrá resolver la liquidación de una sociedad del Estado sólo mediante autorización legislativa.

Para aquellos casos en los que el Estado nacional se desprenda de las acciones que posea en sociedades del Estado provinciales, se autoriza al Ejecutivo a realizar las acciones administrativas y jurídicas que correspondan para el traspaso de las acciones al Estado Provincial.

Los fundamentos aseguran que ante el “avasallamiento” del Poder Ejecutivo nacional hacia los derechos constitucionales de la provincia y la autonomía provincial, es “imprescindible legislar” en la materia. En ese marco, la iniciativa constituye un marco jurídico a las sociedades del Estado preexistentes y futuras “para el bien de todos los neuquinos y el desarrollo y creación de empleo de las distintas regiones y actividades de la provincia”.

Más adelante explican que la provincia, como principal accionista de este tipo de sociedades vigentes, debe expedirse antes de la entrada en vigencia de los artículos en la materia del decreto 70/2023 y, de no presentar una medida cautelar, está obligada a darles un marco jurídico.