Los gobernadores patagónicos reaccionaron rápidamente. Alberto Weretilneck, de Río Negro, lideró las críticas más enfáticas contra la decisión del gobierno nacional, denunciando un atropello contra la economía regional. En paralelo, Figueroa, en un movimiento diplomático estratégico, apeló al diálogo y logró una vía alternativa: una mesa de trabajo con plazo de 90 días para discutir el futuro de la medida. Esta estrategia evitó el colapso inmediato del mercado cárnico regional y ganó tiempo para los productores.

Sin embargo, mientras los líderes patagónicos luchaban para defender la economía y la sanidad de la región, el kirchnerismo se alineó con Milei y defendió la eliminación de la barrera sanitaria. El diputado de Unión por la Patria, Darío Martínez, criticó a Figueroa por haber frenado la decisión de la Casa Rosada, argumentando que la medida habría beneficiado a los consumidores con precios más bajos. Pero, en realidad, detrás de este discurso, solo se esconde la defensa de grandes frigoríficos, que buscan monopolizar el mercado y destruir la estructura productiva patagónica.

La realidad económica desmiente el relato kirchnerista: el ingreso de carne con hueso del norte no garantiza precios más bajos. Por el contrario, destruiría la industria local y generaría despidos masivos. Darío Vázquez, gerente del frigorífico municipal de Luis Beltrán, advirtió que la apertura de la barrera sanitaria podría significar una reducción de la faena diaria de al menos 50 animales, lo que afectaría gravemente la rentabilidad y pondría en riesgo los empleos de la región.

El trasfondo político de esta decisión es innegable. La medida de SENASA se anunció en un contexto en el que el gobierno de Milei buscaba garantizar los votos en el Congreso para aprobar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y destrabar los fondos del FMI. La presión de los diputados pampeanos peronistas, Varinia Marín y Ariel Rauschenberger, fue clave en esta operación política que vendió los intereses patagónicos a cambio de favores económicos para su provincia.

Las dudas sobre los verdaderos beneficiarios de esta decisión también crecen. El hecho de que SENASA haya autorizado el ingreso de carne faenada en bolsas, pero no el traslado de ganado en pie, genera sospechas sobre un posible lobby empresarial que beneficia a los frigoríficos pampeanos en detrimento de los productores de la Patagonia. "Es un poco raro", comentó un empresario del sector, dejando entrever que detrás de esta decisión hay grandes intereses económicos que buscan el monopolio del negocio cárnico.

El gobernador Figueroa, en contraposición a esta política de entrega, insistió en la importancia de proteger la producción local sin perjudicar a los consumidores. "Tenemos que eliminar injusticias en la Patagonia, bajar el precio de la carne y proteger a nuestros productores", afirmó. Su gestión evitó que la decisión de SENASA se implementara de inmediato, permitiendo abrir un canal de diálogo para que las provincias patagónicas puedan defender sus intereses.