Es que la conducción de ATEN, bajo la decisión de Marcelo Guagliardo hizo caso omiso a un formal pedido de la familia de Mónica Jara respecto a la convocatoria de un paro provincial en respaldo a la audiencia que ocurriría ese día en Cutral-Có, la dirigencia sindical sólo garantizó el traslado hasta dicha localidad a los pocos que pudieron asistir, es decir, un total de apenas 300 personas, muchos fuera de la actividad laboral, jubilados, delegados de distintas partes y un puñado de militantes.

En este marco, distintos sectores y la propia madre de la víctima fatal reclamaron con nombre y apellido la falta de voluntad política: “El señor Marcelo Guagliardo no autorizó el paro de los docentes y maestros para que nos puedan acompañar todos”, sostuvo en declaraciones radiales.

Pero eso no fue todo, públicamente en una entrevista, la madre de Mónica Jara apuntó contra Guagliardo: “Con esto él está demostrando que está de parte del Gobierno y así vamos perdiendo”, sostuvo tajante y apuntó que “los mayores responsables son (Omar) Gutiérrez y (Cristina) Storioni”, quienes “zafaron” de ser imputados por la Justicia finalmente.

Esta situación y denuncia pública de parte de la familia de la víctima se replicó hacia dentro de la política gremial de ATEN, porque los sectores opositores a la conducción también criticaron al secretario general por su tibio accionar ante este doloroso pedido de justicia.

Esta tensión que se respiraba en el aire el último martes, se tradujo concretamente en empujones y actitudes patoteriles con acusaciones cruzadas: al finalizar la audiencia cuando la familia le reclamó todas estas diferencias a Guagliardo, un grupo que custodia al líder sindical, se interpuso de forma violenta. Para colmo, otro familiar de Mónica Jara resultó víctima de un puñetazo.

No obstante, rápidamente Guagliardo dio una versión de los hechos exactamente opuesta: según publicó el secretario general, “Juan Manuel Garay evitó un ataque sorpresivo, violento, cobarde con piedras hacia mi persona cuando había terminado el informe luego de la audiencia (sobre esto tenemos testigos)”, dijo y responsabilizó a la oposición política, no a la familia de la víctima porque, claramente, no lo hubiese dejado bien parado.

También sorpresivamente, o no tanto, otro de los dirigentes gremiales, en este caso de ATE, Carlos Quintriqueo se hizo eco de la denuncia de Guagliardo y salió en su defensa: “Cobardemente un grupo de dirigentes opositores fueron a agredirlo. No es con la violencia como se conduce, ni se ganan las organizaciones. Se ganan trabajando”, sostuvo, a pesar de que sus antecedentes como líder sindical revelan exactamente lo contrario.

Por último, en todo este marco, concretamente se terminó imputando a 10 personas, de los cuales siete son funcionarios públicos de Obras Públicas y Educación y los restantes, tres integrantes de la empresa a cargo de la obra.