La obra, que fue entregada al 100 por ciento en marzo de 2021, no estaba lista y la hermeticidad del nuevo tendido de gas carecía de aprobación. Además, desde la Fiscalía coinciden que los materiales utilizados en la obra “no eran los contratados porque no tenían seguridad”.

De esta manera, y como resultado de estas omisiones, se produjo una explosión y la muerte inmediata de Nicolás Francés y Mariano Spinedi y unos días más tarde de Mónica Jara, la docente.

En su alocución, la fiscal Gonzalez Taboada explicó además que la obra se entregó cuando no estaba finalizada, además de falsear documentos públicos y firmar actas como si hubieran estado presentes los funcionarios cuando no era así.

Por otra parte, durante la formulación de cargos, la fiscal sostuvo que los trabajadores no estaban autorizados porque no se entregó una nómina ni tenían indumentaria de seguridad, no tenían seguro. Que no se hizo la prueba de hermeticidad por parte de YPF Gas, la empresa que proveía el servicio”.

Por otra parte, se acusó al director técnico de no concurrir al menos 20 días en forma presencial para controlar la obra y al maestro mayor de obra de firmar documentación “como si estuviera en la obra cuando en realidad estaba en Neuquén. En marzo la directora recibió la autorización de ingresar por parte de una persona que no era de la empresa constructora sino un subcontratista que ni siquiera estaba habilitado”.

Los acusados son Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas) y Sergio Percat (inspector de obra) de Obras Públicas. También del Ministerio de Educación: Gabriel Potás (coordinador de Infraestructura) y del CPE Fabio Luna (director de Ruralidad) y Patricia Cresatti (directora de Nivel). De la empresa constructora, ARTE S.R.L., Héctor Villanueva (socio gerente), su representante técnico, arquitecto Diego Bulgheroni y el maestro mayor de obra, Eduardo Afione.