La manifestación con panfletos generó una rápida viralización en los grupos de socios del Mari Menuco que no saben con qué situación se van a encontrar el próximo lunes.

Por lo pronto, el presidente del Club Mari Menuco, Roberto Rapaz tenía en agenda, según expresó en su momento, una reunión con el jefe de fiscales de la provincia, José Gerez, para abordar el conflicto. Pero los términos de la reunión para la mediación aún no salieron a la luz en estos días.

La novedad se conoció por los panfletos que en la tarde de este miércoles, donde un grupo de personas de la comunidad Kaxipayiñ repartió a quienes ingresaban y se retiraban de la villa turística ubicada a 70 kilómetros al noroeste de la capital neuquina.

El relevamiento territorial, a través de la Ley 26.160 que fue sancionado en 2006, vence en noviembre de este año. Y la comunidad teme que si el Gobierno no define qué territorio les corresponde a cada una de las partes, y se prevé que exista un conflicto mayor. Pero no todas las comunidades adoptaron la misma actitud. Los Paynemil (ubicados más al norte de Loma La Lata) ya tienen resuelto el relevamiento.

El tema es político y reviste mucha complejidad. El gobierno provincial, de acuerdo a la informado por Nahuel, aún no termina de completar las carpetas técnicas del revelamiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuya presidenta es la ex legisladora rionegrina Magdalena Odarda.

Son 64 comunidades en Neuquén y el revelamiento completo lo tienen sólo 22 comunidades. Los flancos más polémicos están en las comunidades de la cordillera, con los desarrollos inmobiliarios, y la zona de Añelo y Loma La Lata, donde la discusión de las regalías hidrocarbriferas y la extracción de petróleo y gas en Vaca Muerta generan un peso específico difícil de resolver ente partes. En medio, está el reclamo mapuche que tiene en discusión unas 200 hectáreas en la zona Este del portal de ingreso a la villa del lago.

La discusión es sobre esas 200 hectáreas donde hay un proyecto para hacer una comisaría, una escuela primaria, un restaurante, una sala de enfermería y hasta un puesto de Gendarmería; además de una zona fuelle de forestación ambiental y una planta de cloacas, proyecto que tiene hace años el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

Lo que no está en discusión, de acuerdo a lo que explican los abogados de ambas partes a este "es la urbanización de la villa" que, de acuerdo con lo que ha informado por el Club, hay una escritura de 69 hectáreas. Hay un consenso en no tocar lo privado existente, que son las mejoras y casas.

"Esta acción responde a un permanente ninguneo que viene planteando el conflicto desde hace décadas, las tierras inundadas eran tierras de pastoreo de gruesas familias mapuches, de la comunidad Kaxipayiñ y cuando fueron inundadas fueron reducidas. fue ahí donde empezó la discusión de los limites", indicó Nahuel.

El referente de las comunidades expresó además que "no hay voluntad política de resolver el conflicto". "No se completa porque no hay voluntad política, tuvo sólo una aplicación de dos años en 2013 y 2014 (pleno gobierno de Cristina Fernández) y alcanzaron a relevar una tercera parte de las comunidades".

"La provincia se hace la distraída. Estamos desilusionados con los dos gobiernos, nacional (de Alberto Fernández) y provincial; y en noviembre de este año finaliza la ley y si el Congreso no renueva podría haber conflicto", indicó Nahuel.