Pero concretamente, yendo a lo ocurrido esta semana, el día miércoles, la familia de Carolina Galván y productores de la zona reclamaron por el “respeto a la propiedad privada” en Gobernación, en contra de los presuntos usurpadores mapuches.

Allí, este sector de privados –que podría extenderse también al Club Mari Menuco que mantiene otra disputa territorial- exigió “el urgente desalojo de los usurpadores que tomaron la chacra de la Familia Galván, a 18 kilómetros de la ciudad de Añelo".

Sin embargo, la respuesta de la Confederación Mapuche de Neuquén, de la mano del referente Lefxaru Nahuel, fue que irán a la Justicia para "exponer nuestros motivos históricos y repudiar los llamados a la violencia racial".

"Toda la evidencia que justifica la preexistencia de las comunidades en ese lugar, no solamente con numerosos documentos legales en cuanto a ascenso, boletos de marca y señal, y partidas de nacimiento en este lugar que está en disputa", argumentó Nahuel.

"Los terratenientes están acostumbrados a comprar tierras y el pueblo mapuche no se va a correr más. Es por eso que vamos a sostener el lugar y lo hemos dejado en claro en la fiscalía", dijo Nahuel y concluyó: “No se puede usurpar el lugar donde siempre vivimos”.

En este sentido, esta semana también hubo un corte de luz en Mari Menuco y a raíz del bloqueo mapuche no pudo solucionarse. Es que falló un transformador de la zona, motivo por el cual el EPEN llegó hasta el lugar, pero no logró acceder por el corte y esto acrecentó la tensión.

Mientras tanto, se desató toda una discusión alrededor a las comunidades mapuches como supuestos “terroristas” o “usurpadores violentos”, como tituló el diario Clarín, y como el histórico ex senador peronista rionegrino, Miguel Ángel Pichetto, lo dijo esta semana.

“Son enemigos de la Patria y del país, no reconocen la bandera, no reconocen el himno, no te reconocen la autoridad del Presidente, ni de la vice, no reconocen la autoridad de la gobernadora, le tiran piedras. No cantan el himno, ni reconocen la bandera, quieren un Estado autónomo, y ahí andan los montoneros viejos y los nuevos, está (Roberto) Cirilo Perdía al frente del tema ese, asesora a los mapuches Cirilo Perdía", vociferó el rionegrino.

Meses atrás, el propio Pichetto dijo que “hay que volver a establecer el orden y reivindicar a Julio Argentino Roca” y que los mapuches son “un pueblo invasor (…) no son pueblos originarios, esos eran los tehuelches”, lo que encendió la polémica y no parece apagarse a la brevedad.

Organizaciones, la Defensoría del Pueblo y el CPE

Las organizaciones sociales finalmente llegaron a un acuerdo con el gobierno de Omar Gutiérrez, tras meses de reclamos por la creación de puestos de trabajo genuino ante la acrecentada ola de desocupación.

Recordemos que en un principio era insuficiente la propuesta gubernamental porque abarcaba a solo un 20 por ciento del total de desocupados, pero ahora el arreglo apenas alcanza a 140 puestos de trabajo en la obra pública y el refuerzo de partidas para comedores y merenderos. Visto las 6.000 personas que tomaron la Avenida Argentina, aun pareciera ser insuficiente, pero mantendrán el diálogo abierto de forma permanente.

Por otra parte, en el plano municipal, el intendente Mariano Gaido volvió a encontrar palos en la rueda por parte de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, que conduce su titular Ricardo Riva, y la relación ya es de tensión entre las partes.

Es que, en esta oportunidad, la Defensoría impuso un recurso de amparo para frenar la mega obra del paseo costero de la Confluencia que lleva adelante el Municipio por una política abusiva en materia ambiental.

Concretamente, acusan al Municipio de una tala indiscriminada de árboles en la zona y advierten que no hay una política ambiental desde la Secretaría de Medio Ambiente y otras dos dependencias.

En esta línea, también la Defensoría del Pueblo expuso la situación de los rellenos con basura domiciliaria y de obras que se están depositando en humedales costeros de Valentina Sur.

Por último, vale destacar que esta semana se tomó el Consejo Provincial de Educación por tres escuelas con fugas de gas, tras la tragedia de Aguada San Roque que le costó la vida a Mónica Jara y otros dos operarios: piden normalizar esta problemática de infraestructura escolar.