El modelo de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos es un referente inevitable en esta discusión. En aquel país, donde la Segunda Enmienda protege el derecho a portar armas, la proliferación de tiroteos masivos ha generado un debate constante sobre la necesidad de regulaciones más estrictas. Sin embargo, el poder del lobby armamentista ha impedido avances significativos en materia de control.

Actualmente, la normativa establece que cada cinco años los usuarios deben someterse a una evaluación para renovar su credencial, lo que permite verificar si siguen cumpliendo con los requisitos. Sin este control periódico, la tenencia de armas podría quedar en manos de personas que con el tiempo desarrollen condiciones que las inhabiliten para su uso responsable.

Este proyecto se enmarca en una línea política que promueve una menor intervención del Estado en distintos ámbitos. Sin embargo, el control de armas de fuego es una cuestión de seguridad pública que requiere de regulaciones efectivas para minimizar riesgos.

En otros países, se ha demostrado que una mayor circulación de armas de fuego no reduce la criminalidad, sino que puede incrementarla. En Argentina, según datos oficiales, la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego. En Neuquén, donde los índices de violencia han aumentado en los últimos años, una flexibilización en el control de armas podría generar consecuencias negativas.

Los impulsores del proyecto aseguran que se mantendrán “mecanismos de control y supervisión necesarios”. Sin embargo, si el Estado deja de exigir la renovación periódica de la CLU, la capacidad de garantizar que las personas continúan siendo aptas para la tenencia de armas se vería debilitada.

Si este proyecto se aprueba, el Estado reduciría su capacidad de fiscalización en un ámbito clave de la seguridad pública. En un contexto donde el debate sobre la tenencia de armas es cada vez más relevante, es fundamental analizar con responsabilidad las posibles consecuencias de una regulación más laxa.

El desafío radica en encontrar un equilibrio entre los derechos individuales y la seguridad colectiva. Neuquén enfrenta una decisión trascendental que podría definir el futuro de su política de control de armas y su impacto en la sociedad.