Además, el 10 por ciento del personal se vio afectado por el cierre de sedes. Mencionaron, por ejemplo, que los cuatro profesionales que se desempeñaban en San Martín de los Andes se acogieron al régimen de retiro voluntario, por lo que pronosticaron el pronto cierre de la delegación cordillerana.

En la provincia, y tras la caída de personal –conformado esencialmente por profesionales y técnicos- cuentan con sólo 18 agentes. La situación comenzó a agravarse, según indicaron, a partir de junio cuando se comenzaron a implementar los retiros voluntarios y el cese de las renovaciones de los contratos de locación de servicios. “Neuquén es la provincia en la que más impactó”, dijo Álvarez al indicar que hubo un 37 por ciento de pérdida del recurso humano de la sede neuquina.

Sobre los retiros, dijo además que “no son tan voluntarios”, al remarcar que las opciones previas a la desvinculación son el pase a disponibilidad o el cambio de sede. En ese marco, Álvarez calificó de “perversa e incierta” la situación al interior del organismo, y Hernández añadió que “hay una política de invisibilización de lo que hace el INTI” que contribuye a su desfinanciamiento.

Además de las condiciones contractuales, las trabajadoras hicieron referencia a la falta de insumos y a la caída del valor salarial, como factores que también deterioran el normal funcionamiento del instituto.

El objetivo –según señalaron- es disminuir de tres mil a 900 el plantel trabajador a nivel nacional. En ese marco, recalcaron la importancia del organismo en el desarrollo de pequeños usuarios, tales como pymes y cooperativas, que mantienen convenios con el instituto para su labor. “Recortar el INTI es censurar el acceso de ingreso al sector industrial” para pequeños sectores.

Al inicio de su alocución, Álvarez mencionó que el instituto cuenta con sedes en cinco provincias de la región patagónica en donde los principales servicios que brinda son de asistencia técnica, capacitaciones, análisis y ensayos, calibraciones, auditorías, certificaciones y proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

Álvarez recordó que el organismo fue creado por ley en el año 1957, con la misión de contribuir al desarrollo de la industria a través de la generación y la transferencia de tecnología, la certificación de procesos, productos y personas, y el aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios producidos en todo el país.