El pasado miércoles, la fiscal Sandra González Taboada les atribuyó tanto a Luna como a Cressatti, a partir de las funciones que desempeñaban como funcionarios públicos, no haber informado al cuerpo colegiado y a la presidencia del CPE que la escuela se encontraba en obra, por lo que ese establecimiento escolar no estaba en condiciones de volver a las clases presenciales en junio de 2021.

La funcionaria judicial aseguró que esa omisión determinó que se incluyera a la escuela entre las que debían retornar a dictar las clases en forma presencial. También les atribuyó una segunda omisión, en este caso de informar a la directora del establecimiento, que mientras se realizaban las obras no se podía ingresar ni permanecer en el edificio. El hecho que se investiga se produjo el 29 de junio de 2021, en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque, a 60 kilómetros de Añelo.

Ese día dos operarios Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi, se encontraban trabajando en la ampliación de una cañería de gas cuando se produjo una explosión. Ambos murieron de manera inmediata, mientras que la docente Mónica Jara, que también se encontraba en el lugar falleció después de estar algunos días en terapia intensiva.