Política
Hasta las manos

Se complica el panorama para Gloria Ruiz: el juzgado federal de Buenos Aires se declaró en incompetencia territorial

La causa de Ruiz ha sido trasladada al Juzgado Federal de Neuquén, complicando aún más la situación para la vicegobernadora.

El caso de la vicegobernadora Gloria Ruiz ha dado un giro inesperado. El Juzgado Criminal y Correccional Federal 7 de Buenos Aires se declaró incompetente para tratar la denuncia presentada por Ruiz contra los diputados neuquinos que votaron su suspensión. La causa ha sido trasladada al Juzgado Federal de Neuquén, complicando aún más la situación para la vicegobernadora.

Con el patrocinio del abogado Sergio Broitman, Gloria Ruiz presentó su denuncia en Buenos Aires, alegando que su suspensión fue el resultado de una "maniobra delictiva". Sin embargo, el Juzgado Federal 7 evaluó los elementos del caso y concluyó que los hechos denunciados ocurrieron íntegramente en Neuquén, razón por la cual resolvió derivar la causa al Juzgado Federal con competencia penal de la provincia.

El tribunal destacó que la competencia territorial en materia criminal debe garantizar la eficacia en la recolección de pruebas y el desarrollo del proceso judicial cerca del lugar donde presuntamente ocurrieron los hechos. Según la resolución, “las conductas –de haberse cometido– ocurrieron en la provincia de Neuquén”. Esta decisión busca asegurar una mejor actuación de la justicia, permitiendo que la investigación y el proceso se lleven a cabo cerca del lugar donde se encuentran los elementos de prueba.

Con esta decisión, la denuncia será remitida al Juzgado Federal de Neuquén, que deberá evaluar la denuncia presentada por Ruiz y determinar si corresponde iniciar un proceso penal contra los acusados. La resolución establece un precedente para futuras intervenciones judiciales relacionadas con el conflicto político en la provincia.

Mientras tanto, Gloria Ruiz se mantiene suspendida de sus funciones. La Comisión Investigadora conformada por la Legislatura de la Provincia continúa investigando las presuntas irregularidades de su gestión, y el Ministerio Público Fiscal hace lo propio con posibles delitos que puedan atribuirse a ella como Persona Expuesta Políticamente.

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