El proyecto busca establecer un canal directo de comunicación con el Ministerio de Educación, permitiendo a la comunidad educativa solucionar problemáticas asociadas a la infraestructura escolar y realizar denuncias anónimas por casos de bullying, acoso escolar e instancias de adoctrinamiento dentro de las aulas.

"La denuncia puede disparar la posibilidad de poner en marcha protocolos de investigación para casos de acoso sexual, laboral. Hay un montón de casos en los cuales si no existe el anonimato, la denuncia no se realiza", explicó la diputada Stillger.

Sin embargo, la iniciativa también enfrentó críticas y sugerencias. Lorena Parrilli (UxP) advirtió sobre los posibles retrasos en la solución de problemas y no en los dispositivos para conocer los mismos. "Vamos a acumular denuncias a las que no se le va a poder canalizar una solución inmediata", observó.

Por su parte, Gabriela Suppicich (FIT-U) consideró inapropiado combinar denuncias de tipo edilicia con situaciones que atañen al cuerpo docente, adelantando que podría ser considerada "persecutoria" por el movimiento sindical.

Gabriel Álamo (MPN) se refirió a la capacidad de respuesta del Consejo Provincial de Educación en caso de implementarse la línea de denuncias, pidiendo no mezclar instancias de reclamos por falta de insumos o infraestructura con situaciones de acoso sexual o laboral dentro de una escuela.

Carina Riccomini (Juntos) coincidió en la imposibilidad de dar respuesta a todos los reclamos que pueda demandar una comunidad educativa, señalando que el propio cuerpo legislativo muchas veces no logra obtener la información que requiere.