Sin embargo, el barrio privado ya puso en marcha la construcción de un muro sobre el terraplén que divide el mínimo espacio público pegado a la vera del río del sector privado, con la calle incluida.

Ahora, la Defensoría del Pueblo sostiene que se trata de una venta directa inconstitucional por un total de 12 mil metros cuadrados y por ello, solicitaron que se anule la polémica transacción y se permita nuevamente la circulación pública.

"La venta de tierras al barrio privado no representa el acceso a derechos sociales ni ambientales de la comunidad, no se rige por los principios de desarrollo sustentable que exige el Plan Urbano Ambiental; no se trata de la consolidación de una política social de acceso al hábitat digno; no garantiza la libre circulación en momentos críticos para la asistencia o evacuación, ni se posiciona en términos beneficiosos al acervo municipal", afirmó la Defensoría.

“Es simplemente una venta directa y de privilegios, inconstitucional y que requiere su inminente declaración de inexistencia y/o nulificación”, sentenció el defensor del Pueblo, Ricardo Riva.