En la jornada de hoy se supo que Fabián Heuberger, y otros integrantes de la cooperativa llegaron a un acuerdo con la justicia con lo que evitarán de esta manera ir a juicio y, en cambio, pagarán multas, quedarán bajo prisión condicional o harán trabajo comunitario.

El acuerdo fue cerrado entre el fiscal Pablo Vignaroli, el querellante Ricardo Mendaña, en representación del concejal radical, Juan Peláez quien denuncio la maniobra y la defensa de los imputados. El juez Cristian Piana lo homologó esta mañana en una audiencia.

Inicialmente la imputación fue por negociaciones incompatibles con la compra de macetas dado que Heuberger fue tesorero de Cotrajun hasta días antes de asumir como funcionario de Espacios Verdes, cuando le dejó el cargo a María de los Ángeles Salgado, su pareja.

Ella fue involucrada como partícipe necesaria junto a Brian Marino, presidente de Cotrajun, y Brian Miranda, secretario de la misma. Según plantearon en la audiencia, la investigación demostró «una comunidad de intereses entre ellos».

Quedo fuera de la causa el perjuicio económico hacia la municipalidad, dado que el ejecutivo a cargo de Gaido nunca se constituyó como querellante para investigar.

Del acuerdo se supo según los escritos judiciales que Fabián Heuberger, exsubsecretario de Espacios Verdes: se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos, la obligación de fijar residencia, abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y usar estupefacientes, presentarse trimestralmente ante la Dirección de Población Judicializada y pagar una multa de 300 mil pesos.

Para Brian Marino, presidente de Cotrajun: recibió el beneficio de suspensión de juicio a prueba por tres años más la obligación de renunciar al cargo en la cooperativa, no ejercer cargos públicos durante el tiempo de la suspensión y donar 100.000 pesos «en carácter de reparación social» a una entidad de carácter público.

En tanto que María de los Ángeles Salgado, tesorera de Cotrajun, y Brian Miranda, secretario de la cooperativa: recibieron el beneficio de suspensión de juicio a prueba por dos años y se les obligó a renunciar a los cargos directivos que ejercían en Cotrajun, a no ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la suspensión y que, «en carácter de reparación social», donen 100.000 pesos cada uno a entidades de carácter público.

Las defensas propusieron que las donaciones de los tres imputados que recibieron la suspensión de juicio a prueba vayan a los hospitales Castro Rendón, Bouquet Roldán y Heller. Los tres deberán realizar, además, 192 horas anuales de trabajo comunitario en alguna institución de bien público que no dependa del municipio ni de organismos descentralizados, y presentarse trimestralmente ante la Dirección de Población Judicializada.