El ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini y el jefe de la Policía, Tomas Díaz Pérez participaron de la segunda reunión del Consejo de Seguridad Interior, que se realizó en la ciudad de Mendoza.
El evento, al que asistieron distintos representantes provinciales de la misma área, fue presidido por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. También estuvieron los ministros de Defensa y de Justicia de la Nación, Luis Petri y Mariano Cúneo Libarona, respectivamente.
En el encuentro, que se realizó en el auditorio Ángel Bustelo, se trabajó sobre ejes relacionados con la lucha contra el narcotráfico, control de precursores químicos, inhibidores, violencia en el fútbol y prevención de violencias, entre otros temas.
En su intervención la ministra Bullrich destacó la presentación ante el Congreso de la Nación de cuatro proyectos de ley para combatir al crimen organizado: la ley Antimafias; un nuevo registro de datos genéticos (ADN) -como el que ya posee la provincia de Mendoza-; y los de incorporación al código penal de los conceptos de reiteración y de legítima defensa en cumplimiento del deber. Además, se proponen modificaciones a la unificación de condenas y al concurso de delitos.
La funcionaria nacional adelantó que en las próximas horas se enviará un proyecto de reforma del Código Penal Juvenil y también se refirió a la iniciativa para regularizar las armas que están fuera del sistema.
Aprovechando la oportunidad, el ministerio de Seguridad neuquino -en virtud de las atribuciones otorgadas por la Ley 2772-, y el ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba como autoridad de aplicación de la Ley 10571, firmaron en Mendoza un convenio de cooperación con el objetivo de mejorar la regulación y control de las empresas de vigilancia y seguridad privada en ambas provincias.
Este acuerdo establece las bases de cooperación para el intercambio de experiencias y conocimientos en la regulación y control de las empresas de vigilancia y seguridad privada de Neuquén y Córdoba.
En el acuerdo ambas partes se comprometen a mejorar la regulación y control de las empresas de seguridad privada y desarrollar acciones de capacitación conjunta para profesionalizar las funciones del personal de seguridad. El escrito también establece la implementación de un sistema de gestión digital para la habilitación de empresas de seguridad privada, garantizando así la transparencia y agilidad en el proceso administrativo.