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La gestión de Figueroa advierte que el cambio va en serio: en Neuquén no hay vuelta atrás

El Gobierno de Rolando Figueroa aseguró que la tolerancia cero y el fin de los privilegios se consolidaron con decisiones destinadas a erradicar definitivamente las prácticas corruptas del pasado

El cambio de época que se ha consolidado en Neuquén se expresa en decisiones que rompieron inercias a las que se sabía profundamente arraigadas en el pasado reciente. Ahora rigen la tolerancia cero frente a la corrupción, el fin de los privilegios y un mensaje inequívoco de que ya no hay margen para las viejas mañas. Es una línea de acción que avanza incluso cuando incomoda, cuando sacude estructuras y cuando sugiere costos políticos.

La destitución de la ex vicegobernadora, Gloria Ruiz, por parte de la Legislatura fue uno de esos hitos que marcaron un antes y un después. No solo por la magnitud institucional del hecho, sino porque expuso ante el país que en Neuquén ya no se mira para otro lado. Fue un golpe de efecto que rompió la lógica de protección corporativa que durante años funcionó como escudo de la dirigencia. No sólo en Neuquén, sino en el país todo. Esta vez, la vara cambió: la conducta importa, y las consecuencias llegan.

Ese mismo criterio vuelve a ponerse en juego ahora, con el avance de la causa por la millonaria defraudación de fondos destinados a planes sociales durante la gestión de Omar Gutiérrez. Los responsables ya fueron condenados por administración fraudulenta, y muchos podrían haber dado el tema por cerrado.

Sin embargo, el gobierno de Rolando Figueroa decidió ir más allá: impulsó la apelación para que se revise la absolución respecto de la asociación ilícita, una figura que, de ser incorporada, agravaría significativamente las penas, lo que se traduciría en más años de cárcel.

El punto de fondo no es menor. Lo que se investiga no es un hecho aislado ni un desliz administrativo, sino un esquema organizado para desviar recursos públicos destinados a los sectores más vulnerables. La existencia de roles definidos, mecanismos repetidos y una operatoria sostenida en el tiempo configura, precisamente, el tipo de delito que la ley encuadra como asociación ilícita. Ignorar ese encuadre sería minimizar la gravedad de lo ocurrido y enviar una señal equivocada, máxime porque entre los condenados hay personajes que ostentaron poder durante los años de Gutiérrez, como el entonces ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; el director de Planes Sociales, Ricardo Soiza; y el abogado defensor de narcos, Alfredo Cury quien por aquellos años (de 2020 a 2022) formaba parte de la estructura de gobierno.

En paralelo, la actual gestión avanza con una depuración interna que también marca diferencia. La eliminación de los llamados “ñoquis”, la expulsión de agentes involucrados en irregularidades y la decisión de desarticular prácticas que en gestiones anteriores estaban enquistadas en el Estado forman parte de una misma lógica: erradicar cualquier residuo de la vieja política. La sanción administrativa es apenas un primer paso; el objetivo es que el castigo sea integral y acorde al daño causado.

Lo que está en juego, en definitiva, trasciende nombres propios y expedientes judiciales. Se trata de consolidar un estándar: que en Neuquén la corrupción no sea tolerada bajo ninguna circunstancia. La nueva etapa del proceso judicial abre la posibilidad de corregir fallos y reforzar ese mensaje. Porque cuando el Estado decide actuar sin contemplaciones, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, no solo se hace justicia: se construye un futuro donde las corruptelas del pasado no tengan lugar para volver.

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