La comisión emitió despacho unánime a la iniciativa –que unifica una propuesta del PDC y otra del FdT-, tras el pedido de integrantes de las agrupaciones Bien Argentino y Estrellas Amarillas durante la reunión. En efecto, Sandra Torres –presidenta de Bien Argentino- informó que, a partir de la implementación del alcohol cero en la capital neuquina, se redujeron los índices de siniestralidad, en particular en la franja etaria de 15 a 29 años, al tiempo que aseguró que la legislación permitirá “terminar con la especulación” en relación con la medida mínima permitida de ingesta de alcohol para los conductores.

Informó que previo a la sanción de la ordenanza en Neuquén, la provincia llegó a alcanzar una cifra de 130 muertes anuales por incidentes viales, índice que fue descendiendo con la aplicación de la normativa municipal. Con la legislación en la materia, en los distintos niveles estamentales, “logramos que la seguridad vial sea una política de Estado”, por lo que Torres solicitó la aprobación de la propuesta. Ponderó la importancia de la figura del “conductor designado” y su efectiva aceptación en la comunidad neuquina, y aseguró que el mensaje no es no consumir alcohol, sino no hacerlo en caso de conducir un vehículo.

A su turno, Mónica Pincheira de Estrellas Amarillas, comparó la medida con la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados. En ese sentido, indicó que lo que está prohibido contribuye a los cambios de conductas y pidió por sanciones punitorias económicas elevadas en caso de incumplimiento de la ley.

Durante la reunión, los diputados y las diputadas debatieron sobre la pertinencia de incluir en la norma aspectos vinculados a la necesidad de crear un programa de concientización, determinar la afectación presupuestaria destinada al cumplimiento de la ley, convocar a los municipios a adherir y delinear, en la reglamentación, la asignación de recursos y/o insumos para la efectiva ejecución de los controles de alcoholemia en localidades del interior.

El despacho fue aprobado en forma unánime, y continuará su tratamiento parlamentario en la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B).