Al respecto, el gobernador Rolando Figueroa manifestó: “El Fondo de Incentivo Docente no vino en enero, no viene ahora en febrero; y la provincia del Neuquén tomó la decisión de pagar con fondos propios, porque nosotros si hay algo que sabemos es que hay que priorizar la Educación”, y agregó: “Son sacrificios con finanzas acotadas, porque la torta de recursos que repartía el Gobierno nacional está acotada”.

Dicho esto, explicó que “hay imposibilidad de acceso al crédito, ha disminuido la coparticipación federal y hay inflación con estancamiento de la actividad económica, por lo que eso nos trae aparejada una disminución de recursos”.

Tras puntualizar en la eliminación de las transferencias, el tipo de cambio, la inflación, y remarcar “que no es responsabilidad de los gobiernos provinciales”, señaló que “tenemos que dialogar y entender cuál es el contexto en el cual se está viviendo”.

Para cerrar, el gobernador lamentó que “el ajuste (nacional) va a impactar fuertemente en marzo y abril, porque, de acuerdo a nuestras costumbres, comienza la actividad habitual que tenemos todos los habitantes de nuestro país. Se va a generar un cuello de botella en las provincias y nos tenemos que enfocar en que nuestra gente no padezca el impacto”.

El reclamo de Provincia a Nación

Es preciso mencionar que el esfuerzo de la Provincia para pagar el FONID será más que importante, ya que el Fondo que ha dejado de enviar Nación representa 686.666.871 pesos a los que se les suman otros 511.236.727 pesos por conectividad, lo que arroja un subtotal de 1.197.903.598 pesos.

A ese monto se le suma el complemento FONID con fondos provinciales por 266.695.999 pesos, lo que arroja un total de 1.464.599.597 pesos, que son los que invertirá la provincia para garantizar que no se vea afectada la masa salarial docente.

Durante el fin de semana, al referirse al reclamo de la Provincia ante Nación, la ministra de Educación, Soledad Martínez, recordó que el Incentivo “es la consecuencia de la lucha de más de mil días de la Carpa Blanca, cuando en la década del 90 el Estado nacional decidió transferir los establecimientos educativos que tenía el sistema nacional a las jurisdicciones provinciales”.

“El reclamo lógico a esa decisión, fue que también nos dieran los recursos para atender las nuevas demandas que significaba para las provincias atender esos establecimientos”, señaló Martinez.