Al respecto, Scatizza explicó que “empezamos a trabajar en este año y el objetivo principal es monitorear y hacer inspecciones en unidades de detención, en asilos de ancianos, en todos aquellos lugares donde haya personas privadas de su libertad, que pueden ser también hogares menores” y agregó: “luego se elevan informes y se proponen políticas públicas para prevenir la tortura”.

Precisó que “la idea es aprovechar estos meses para terminar de constituirnos y comenzar con la principal tarea que es el del monitoreo, y también llevar a cabo talleres de capacitación con autorización para la divulgación de las problemáticas que tienen los lugares de encierro, siempre pensando en que las personas detenidas lo que pierden es su libertad ambulatoria, no sus derechos humanos”.

Cabe recordar que la Legislatura provincial aprobó la Ley de creación del Comité que se reglamentó por decreto en diciembre de 2021. En su artículo 13 determina que sus gastos de funcionamiento estarán previstos en el presupuesto general de la administración provincial, mientras que el decreto reglamentario señala que el comité deberá proyectar su presupuesto todos los años y enviarlo a la Legislatura para su aprobación.

En esta oportunidad, para 2024 se proyectó una suma de 54,4 millones de pesos bajo cuatro ejes de trabajo: monitoreo e inspección; recepción de denuncias y sistematización de la información; comunicación y capacitación; y relaciones interinstitucionales.