“Es un proceso de investigación que hay que respetar, que se está llevando adelante, pero lo veo con muy buen agrado y quiero felicitar el trabajo en conjunto. No hubiesen sido posibles esas acciones si no hubiesen estado alineados los distintos actores en pos de alcanzar este objetivo: me estoy refiriendo a los jueces, me estoy refiriendo a los fiscales, a los defensores públicos, al Poder Ejecutivo provincial y a nuestra Policía de la provincia, que está haciendo untrabajo eficiente, eficaz, digno de ser destacado”, señaló.

Aprovechó la oportunidad para solicitarle a la Legislatura neuquina que acelere el tratamiento de la reforma del artículo 222 del Código Procesal Penal de la provincia, que establece el procedimiento para la realización de juicio directo en casos de flagrancia.

El proyecto fue presentado por el fiscal general, José Gerez, y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, el año pasado, a raíz de los incidentes registrados en la municipalidad de la localidad cordillerana. El objetivo de la propuesta es poder aplicar los juicios directos principalmente ante los hechos flagrantes y delitos menos graves.

Se trata de una herramienta mediante la cual se aceleran los tiempos para determinar la responsabilidad penal sin pasar por la etapa de investigación preliminar, atento la condición de flagrancia. La necesidad de modificación del instituto volvió a tomar relevancia tras los robos mencionados.

“Espero que tengamos finalmente la corrección que necesitamos para poder aplicar los juicios directos en situaciones en las cuales el delito queda visibilizado, las evidencias quedan visibilizadas, los testimonios, las pruebas; para que cuando hay delito flagrante de este tipo se aplique el juicio directo rápidamente”, explicó Gutiérrez.

Desde la implementación de la Reforma Procesal Penal en la provincia en 2014 ha sido prácticamente inaplicable el juicio directo porque la redacción original prevé el consentimiento de la defensa para desarrollarlos, algo que en la práctica no ocurre.