Ferraro aseguró que la amenaza de megaminería está dada por 50 concesiones que solo generan beneficios para las empresas y, en ese sentido, aseguró que “el agua debe ser para la vida y para los pueblos, no para las grandes corporaciones”. Advirtió que para el desarrollo de la actividad se utilizan toneladas de explosivos que dejan pasivos ambientales y focos de contaminación con problemas irreversibles.

Por otro lado, agradeció el espacio de participación en la comisión para exponer los puntos principales del proyecto de ley presentado en 2023 y recalcó que el encuentro era esperado por las organizaciones ambientales desde hace más de 6 años, dado que la primera iniciativa se presentó en 2018 con más de 20 mil firmas de la comunidad y sobre la que Ferraro solicitó el “desarchivo”.

A su turno, Martin Godler, sacerdote de Las Coloradas, expresó que la megaminería en la provincia “es una amenaza real y existente” y recordó que la resistencia de la comunidad logró frenar el avance del proyecto que pretendía implementar en la localidad la empresa multinacional Southern Cooper. “Necesitamos seguridad jurídica”, advirtió tras explicar en detalle el impacto de la megaminería en el aire, el clima, el agua, la tierra y la biodiversidad.

En esa línea, el abogado Germán Zuñiga expuso que el objetivo del proyecto es la seguridad jurídica al entender que la omisión que existe en la legislación actual permite que las empresas tenga libertad para cometer delitos ambientales que, a la vez, no se persiguen. Aseguró que el proyecto no implica una oposición al desarrollo sino “una defensa de la vida y del futuro”.

Tras la exposición de los referentes ambientales, el diputado Andrés Blanco (PTS-FIT-U) planteó que la confrontación que se pretende instalar entre el desarrollo económico y la vida está atravesada por la desinformación y el negacionismo para “estigmatizar y bajar el precio al debate”.

También acotó que la iniciativa va a contramano de lo que el gobierno nacional definió como política de Estado con la reciente aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga a las empresas condiciones privilegiadas para la extracción de recursos, y recordó que la actividad fue mantenida por los distintos gobiernos.

En tanto, Gabriela Suppicich (FIT-U) valoró la facultad de contralor de la población, contemplada en el proyecto, y se pronunció a favor de discutir las iniciativas con las comunidades.