En manos del poder Judicial quedará la habilitación de funcionarios y candidatos desde ahora en adelante. La ley, que establece la inhabilitación perpetua para quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos, también incluye a los beneficiarios de suspensión de juicio a prueba, deudores fiscales y alimentarios, e incluso a quienes participaron en delitos contra la administración pública sin ser funcionarios.

Neuquén impone así una barrera infranqueable para quienes ven al Estado como un botín personal. Algo que en la provincia venía sucediendo sin disimulo hace muchas décadas de la mano del Movimiento Popular Neuquino. De hecho, en la actualidad siguen rebotando esquirlas de lo que fue el fraude sobre los planes sociales durante la gestión de Omar Gutiérrez y que dejó más de 17 imputados, pero ninguno funcionario de peso.

Desde el inicio de su gestión, el gobernador Rolando Figueroa demostró su compromiso con la lucha contra la corrupción. El caso de la vicegobernadora Gloria Ruíz y su hermano fue uno de los primeros indicios del camino que tomó el gobernador.

Con la aprobación de Ficha Limpia, Figueroa se trasmuta en un barrendero de la casta, limpiando la política neuquina de aquellos que solo buscan enriquecerse a costa del pueblo.

¿El poder judicial estará a la altura?

La aprobación de Ficha Limpia es una demanda social de los tiempos que corren, pero el verdadero desafío radica en su aplicación. Los detractores del proyecto advertían que será la Justicia quien tenga la potestad de habilitar las candidaturas.

En criollo, serán los jueces quienes decidirían quién podrá y quien no, no sólo competir en las elecciones si no que también ocupar cargos. Pero ¿realmente tiene esa capacidad la Justicia neuquina para desempeñarse con transparencia?

La historia nos ha enseñado que la justicia muchas veces responde a los intereses de la política de forma conveniente, en lugar de velar por los ciudadanos.

Ejemplo de ello es el escandaloso fraude de los planes sociales, ya mencionado, donde se desviaron fondos millonarios sin que ningún dirigente político de peso de las gestiones de Omar Gutiérrez por entonces gobernador, ni Mariano Gaido, ex ministro de Desarrollo social, fuera imputado.

El caso es particularmente extraño porque el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez junto a la jueza Carina Álvarez se apresuraron a homologar sentencias a algunos de los acusados luego de llegar a un acuerdo entre las partes.

Además, se “inventó” la figura del “arrepentido” (que no existe en el código provincial) para que algunos acusados oficien como testigos y nunca se llamó a declaratoria a los funcionarios del MPN. ¿Acaso los jueces miraron para otro lado?

Este antecedente pone en duda la capacidad del poder judicial para hacer cumplir la Ficha Limpia sin caer en los viejos vicios de la política corrupta. Si la justicia no está a la altura del cambio de paradigma, de nada servirá tener leyes ejemplares. La pregunta es inevitable: ¿Podrá esta ley, tan necesaria, contar con un poder judicial que realmente haga su trabajo o seguirá siendo cómplice de la impunidad?