La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada el 20 de noviembre por la apoderada del Banco Provincia de Neuquén, que sostiene que el hermano de la vicegobernadora, Pablo Antonio Ruiz, habría recibido acreditaciones inusuales por un total de 29.854.350 pesos, además de realizar extracciones significativas en efectivo. La Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del banco había advertido en varias ocasiones sobre la situación, señalando un posible entrelazamiento de fondos públicos y privados.

Los fiscales han argumentado que los procedimientos buscan recopilar evidencia crucial, incluyendo facturas, recibos y documentación electrónica que pueda demostrar la naturaleza de estas operaciones financieras. En este sentido, es fundamental señalar que se investiga si hubo una "sustracción de caudales" que podría considerarse delictiva según el Artículo 261 del Código Penal Argentino.

Este escándalo no solo tiene repercusiones legales, sino que también alimenta un clima de tensión política entre la vicegobernadora Ruiz y el gobernador Rolando Figueroa, quien ha expresado su descontento con la forma en que se ha manejado el presupuesto. La designación de más de 20 familiares y periodistas en la Legislatura ha generado aún más controversia, lo que ha llevado a la presión pública y mediática en torno a la gestión de Ruiz.

A medida que avanza la investigación, los ojos estarán puestos en cómo las autoridades responderán ante estas acusaciones graves y qué implicaciones tendrán para el futuro del gobierno provincial. La transparencia en el manejo de los fondos públicos es esencial para mantener la confianza de la ciudadanía, y el desenlace de este caso podría ser un punto de inflexión en la política neuquina.