Es por esto que con la modificación propuesta para el Sistema Federal de la Vivienda “vamos a ser más equitativos con todas aquellas provincias que como Neuquén, durante las últimas décadas han sido percibida como tierra de oportunidades para miles de argentinos y argentinas que migran buscando un mejor porvenir y calidad de vida”.

La nueva redacción propone que cada diez años, luego de la publicación de las cifras del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas; el Congreso de la Nación debe sancionar una ley fijando la nueva distribución para el Fondo Nacional de la Vivienda.

A través de esta nueva ley, el legislador neuquino propone que se tenga en cuenta al momento de actualizar los coeficientes la correcta utilización que se haga de los fondos; el nivel de recuperos; el nivel de inversión realizado específicamente en obra; la variación del déficit habitacional y se agregue la variación demográfica producida entre censos, haciendo la salvedad de que, en el caso de no sancionarse una norma en base a lo prescripto se utilizará el coeficiente de distribución vigente en la Ley actual.

“Al tener los datos finales del Censo 2022 vamos a poder elaborar y sancionar una ley estableciendo nuevos coeficientes para que la distribución de los recursos del FONAVI responda a criterios federales, actualizados. Este proyecto apunta sin lugar a duda a encontrar parámetros lo más objetivos posibles para que el sistema sea equitativo”, explicó.

Figueroa recordó que entre los años 2001 y 2010, según los datos del Censo, el crecimiento poblacional de Neuquén fue del 16,3 por ciento, un 53,8 superior al promedio de crecimiento poblacional del total del país y se estima que en comparación con 2010, la población total creció en 190 mil habitantes, casi un 35 por ciento. “La magnitud del crecimiento de la población neuquina duplica a la nacional que aumentó en torno al 18 por ciento”, remarcó.

La ley que crea el Sistema Federal de la Vivienda estipulaba que “Durante 1996 el Honorable Congreso de la Nación, y posteriormente cada dos años, aprobará una ley fijando la nueva distribución”; esto nunca sucedió y durante los años 1996, 1997, 1998 y 2001 los coeficientes fueron prorrogados a través de distintas leyes. “Es fundamental para una política de vivienda que existan fondos exclusivos para financiarla y se distribuyan de manera automática. Esto respalda el espíritu federal de la Constitución y garantiza la autonomía de las provincias, que pueden recibir estos fondos y destinarlos exclusivamente a financiar su propia política de vivienda de acuerdo con la realidad de cada lugar. Pero es innegable que este sistema no puede continuar funcionando en base a coeficientes establecidos en 1995”, concluyó al respecto.