Una de las personas que fue beneficiado irregularmente con depósitos es la madre del dueño de una barbería y, a esta sola persona, le habrían pagado cuatro millones de pesos, pero sería un proceder ilícito que se habría extendido por los últimos 10 años.

El sistema adoptado era utilizar las claves de estas personas, después borraban los pasos para que no se puedan rastrear. La empresa central de informática envió todos los movimientos y con qué clave se hacían, lo que podrían ser pruebas claves para la investigación.

Por su parte, desde el movimiento de jubilados de ATEN emitieron un rápido comunicado por esta situación: “Es imperioso concretar una auditoria externa que dé cuenta del real estado de nuestra obra social y caja de jubilaciones, que ponga en números la deuda del gobierno con las y los trabajadores, como también que alerte y prevenga este tipo de ilícitos”, solicitaron.

“Permanentemente recibimos quejas de compañeras que expresan diferencias en las retenciones del impuesto a las ganancias. Esta situación también debería ser investigada al igual que los aportes que realiza el gobierno”, agregaron.

Por último, vale destacar que el fiscal Marcelo Jara abrió una investigación judicial, aunque no se han filtrado ni han tomado estado público mayores detalles de la causa.