Desde Unión por la Patria, Darío Peralta consideró necesario que primero las represas pasen a formar parte del dominio provincial para luego, en una segunda instancia, definir el régimen de administración que se prevé aplicar para garantizar su funcionamiento. En tanto que Andrés Blanco (PTS-FIT-U) descartó cualquier instancia que no comprenda la gestión por parte del Estado de las mismas.

Ambos legisladores coincidieron en que la construcción de las represas tiene más de 30 años y que se trata de bienes ya amortizados que deberían ser transferidos en forma gratuita por parte del gobierno nacional a las jurisdicciones provinciales.

Al exponer su posición, Blanco explicó que se trata de “un recurso natural que por Constitución nos pertenece, de bienes que ya fueron amortizados y ya existió una empresa estatal como Hidronor S.A., lo único que falta es decisión política”.

En referencia al debate, Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) advirtió sobre el riesgo que significa la falta de una política que priorice la construcción de nuevas represas sobre el río Neuquén para otorgar seguridad aguas abajo para contener cualquier tipo de crecida extraordinaria sobre su cauce.

No obstante, se mostró pesimista respecto a la definición que en materia de administración de los complejos hidroeléctricos tomará el gobierno nacional e indicó que todo hace prever que aplicará una política de reprivatización.