El primer episodio notable ocurrió el 14 de enero de 2024, cuando la víctima, aún internada en un hospital, fue objeto de un ataque por parte de J.E.M. En un arranque de furia, le quitó el suero intravenoso, la tomó del cuello y la asfixió parcialmente mientras la amenazaba con matarla si intentaba salir con otra persona. Este acto violento fue interrumpido por el personal del hospital, quienes rescataron a la mujer de las manos de su agresor.

El ciclo de violencia continuó el 28 de agosto de 2024, cuando J.E.M, mientras conducía un taxi, se presentó en casa de la víctima para recuperar un teléfono móvil. Al acercarse a la ventanilla, la tomó del brazo y aceleró el vehículo, provocando que ella cayera al suelo, donde sufrió lesiones visibles.

La situación se intensificó el 14 de octubre, cuando J.E.M volvió a abordar a la víctima en un taxi. A lo largo del trayecto, suministró bebidas alcohólicas y comenzó una serie de agresiones verbales, recriminándole supuestas infidelidades. En un momento crítico, un joven desconocido se subió al automóvil, y la víctima pidió auxilio ante el acoso del imputado.

Sin embargo, cuando este ordenó a la mujer que se bajara, continuó la agresión, amenazándola con quebrarle el brazo y estrangulándola hasta que se dio cuenta de que estaba siendo grabado por la cámara del vehículo, lo que lo llevó a soltarla.

El último incidente, ocurrido el 29 de octubre, culminó en otra agresión física, donde J.E.M interceptó a la víctima, le sustrajo la cartera y la golpeó, rompiendo su teléfono celular. Estos actos se llevaron a cabo mientras el imputado tenía vigente una restricción de acercamiento, dispuesta por un juez del fuero de Familia.

La fiscal Titanti identificó los actos del acusado como amenazas, lesiones agravadas, privación ilegítima de la libertad y homicidio en grado de tentativa, todo ello en contexto de violencia de género. En un esfuerzo por proteger a la víctima, solicitó la prisión preventiva del acusado por un período de seis meses, señalando el riesgo inminente que su comportamiento representa.

Tras la deliberación, el juez Marco Lupica Cristo aprobó la formulación de cargos, estableciendo un plazo de investigación de cuatro meses y ordenando la prisión preventiva del imputado por seis meses, en un claro mensaje contra la impunidad en casos de violencia de género.

Este caso pone de relieve la urgencia de abordar y erradicar la violencia en todas sus formas, protegiendo a las víctimas y garantizando que los perpetradores enfrenten las consecuencias de sus actos.