Al hablar, Tomasini calificó de “acertado” el proyecto al que le hizo una serie de sugerencias para facilitar su implementación y, en particular, la fiscalización que recaerá bajo su órbita. Dijo que la ley permitirá controlar los permanentes “desniveles” de precios que existen entre distintos comercios de similares características.

El funcionario mencionó que “la mirada” del organismo es trabajar en toda aquella medida previa al acto del consumo y explicó que, con el marco jurídico vigente, es difícil la reparación del daño causado al consumidor. En efecto, mencionó que el proceso administrativo previo al judicial “enlentece” el proceso de reparación el que, muchas veces, no llega a concretarse ya que las empresas pagan la multa, pero no se retribuye un beneficio al consumidor.

En ese sentido, adelantó que pedirán el tratamiento de un proyecto de ley que contemple la figura del “daño directo” a fin justamente de que el consumidor reciba algún beneficio como, por ejemplo, la restitución en buen estado del objeto adquirido.

Con igual criterio, dijo que presentarán una propuesta para reformular las leyes provinciales de defensa y derechos del consumidor para acortar los plazos administrativos y evitar así demoras y “pérdida de la capacidad de orden” de la fiscalización. Enumeró un listado de ochos leyes, entre ellas a la de trato digno -2874-; libro de quejas -2923- y la prohibición de que comerciantes manipulen tarjetas de crédito o débito -3318-.